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Alonso Ancira, el ‘rey del acero’, niega las acusaciones de México y rechaza ser extraditado

Dice que responden a una persecución políticaAlonso Ancira, conocido como "el rey del acero", ha negado hoy ante el juez las acusaciones de corrupción y blanqueo que le atribuye México por las que reclama su extradición. Foto: Alto Nivel/Youtube
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El empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo ha negado hoy ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las acusaciones de corrupción y blanqueo que le atribuye México, por las que reclama su extradición.

Ha dicho que responden a una persecución política, y ha rechazado ser extraditado a su país natal.

Alonso Ancira, de 67 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, es presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor compañía siderúrgica del país. De ahí que se le conozca como «el rey del acero».

El titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional le ha citado hoy para comunicarle la orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas para poder investigarle por las presuntas transferencias irregulares desde las cuentas de AHMSA a empresas ‘off shore’ vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht y al exdirector de Pemex.

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Ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará la petición de extradición y en los próximos meses celebrará una vista para analizar si se cumplen los requisitos necesarios para aceptar la petición de México.

Mientras tanto, Ancira se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares, como comparecencias en el juzgado cada dos días, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

La investigación corre a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicanas, quienes promovieron la orden de detención en relación a transferencias de fondos desde AHMSA bajo sospecha de proceder de delitos de corrupción.

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Fue arrestado en el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando iba a coger un vuelo a Canadá. Foto: EP
Según informó la Policía, Ancira era buscado por un presunto delito de cohecho o corrupción, fraude contra la administración pública y pertenencia a organización, asociación o grupo delictivo, realizado en México.
El empresario ya prestó declaración ante el juez Pedraz el pasado 29 de junio por videoconferencia y se negó a ser extraditado hasta que «llegara la documentación extradicional para poderse defenderse».

Mientras se realizaban los trámites, el magistrado acordó su ingreso en prisión bajo fianza de un millón de euros, que el empresario abonó el pasado 1 de julio.

Una vez que la solicitud de entrega de México y la documentación que avala la reclamación ha llegado a la Audiencia Nacional, el magistrado le ha vuelto a citar, de forma presencial, para preguntarle formalmente si acepta su extradición, algo que ha rechazado de nuevo.

«No es que sea discutible, se le acusa de lavar dinero por una compraventa de un condominio y no ha comprado nada en los últimos 15 años», aseguró, y añadió que lo acreditarán.

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Alonso Ancira presidió la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero de 1993 a 1995 antes de verse envuelto en problemas fiscales que le obligaron a salir de México. Al pactar su regreso en 2003, la volvió a dirigir en dos ocasiones.

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La Fiscalía mexicana informó que la detención se producía a raíz de una denuncia presentada por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 5 de marzo, presentada por la apoderada legal de la petrolera estatal «con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa».

Se investiga la venta con un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.

Según los investigadores, esta venta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por Ahmsa cuando Pemex estaba dirigida por Emilio Lozoya Austin, sobre quien también pesa una orden de captura.

Fuentes del Gobierno de México indicar que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, y han informado que ésta todavía no funciona, por estar obsoleta.

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A Emilio Lozoya se le investiga por presuntamente haber recibido unos 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.