La Audiencia Nacional ha cursado una comisión rogatoria a la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá para que se tome declaración a varios exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) en relación con los supuestos sobornos pagados para conseguir varios proyectos en los que estaba implicada la constructora española FCC como parte de un consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht.
Según informa el diario panameño ‘La Estrella’, que cita fuentes judiciales, la solicitud realizada por la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, llegó la semana pasada a la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá.
La intención es que las autoridades panameñas interroguen a Federico Suárez, exministro de Obras Públicas; Jorge Ruiz, exjefe de Operaciones del Ministerio de Obras Públicas; y Guillermo Sáez-Llorens, exdirector de la Caja de Seguro Social; así como a Francisco Martinelli, Ricardo Francolini, Evelyn Vargas, Raúl De Saint Malo, Valentín Martínez y al ciudadano argentino Leonardo Rakover.
El motivo de esta comisión rogatoria, según recoge Europa Press, serían una serie de transferencias bancarias que formarían parte de la red de cobro y pago de sobornos para adjudicar las obras de construcción de las líneas 1 y 2 del Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá. Es la segunda petición de asistencia judicial enviada a Panamá por este asunto.
La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht por la posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre los años 2009 y 2015.
La constructora brasileña se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados a cambio de adjudicaciones.
El titular del juzgado Central Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha imputado a FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A., que constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la firma brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá.
Moreno cree que las mercantiles de FCC han podido estar implicadas en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción porque «presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton».
La compañía no aplicó protocolos para evitar los delitos
FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados y aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado por un importe de 82.768.849 euros entre los años 2010 y 2014 por servicios que no se habrían prestado para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.
Para Moreno, las denuncias aportadas por FCC ponen de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de las tres empresas en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua.
Los exdirectivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre 2010 y 2014.
Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez estima que la misma «debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa».
El pasado mes de noviembre, Alfonso Iglesia, representante legal designado por las mercantiles de FCC, declaró durante cerca de una hora ante Moreno. Además, varios exdirectivos de FCC ya han comparecido en calidad de investigados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2.
