La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha incoado diligencias de investigación penal para determinar si la empresa FCC presuntamente defraudó 800.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona falseando datos entre 2013 y 2015 de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos que presta en tres distritos de la ciudad.
En el decreto de incoación, la fiscal Teresa Duerto considera que por la denuncia presentada por el consistorio, el contenido de la noticia de ‘El País’ y los correos electrónicos, «podrían haberse cometido hechos que podrían revestir en principio los caracteres de delito continuado de falsedad documental y de estafa«.
Por eso, pide requerir al consistorio, en un plazo máximo de 15 días desde la recepción del requerimiento, el contrato suscrito con FCC Servicios Ciudadanos del servicio de limpieza y recogida de residuos desde 2013.
También le pide toda la documentación de los datos de la marcha de los servicios contratados que la empresa adjudicataria tenía obligación de comunicar al consistorio y en base a los cuales se facturaban estos servicios dando lugar a las certificaciones para su pago y el resultado de la investigación interna.
El ministerio público ha encargado también a la unidad de Policía Judicial de la Policía Nacional que pida al periódico «El País» toda aquella documentación física o digital que tenga en su poder en relación a las presuntas irregularidades denunciadas.
En su denuncia, el Ayuntamiento explicaba que se han acreditado «presuntos indicios de criminalidad» en la información facilitada por el periodista, que explicaba la presunta manipulación de datos de facturación de los servicios en las relaciones valoradas que dan lugar a las certificaciones para el pago de dichos servicios.
Según publicó ayer este periódico, las irregularidades se centraban en los residuos destinados al reciclaje -plástico, tetrabriks…- y los muebles y trastos viejos, llamados «voluminosos», por los que la empresa cobra según un sistema de tramos.
El sistema de cobro implica que el Ayuntamiento paga menos por tonelada a medida que el volumen de recogida de residuos crece, por lo que se puede dar el caso de que, al saltar un tramo por un escaso margen, FCC acabe ingresando menos dinero si no se hubiera sobrepasado ese límite. (CONFILEGAL/EP)
