La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha pedido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que la Fiscalía recurra varias libertades condicionales concedidas a etarras en las últimas semanas y le ha entregado un dosier con «más de doscientos indicios para la ilegalización del partido EH Bildu».
La presidenta de la AVT, el consejero de la asociación Miguel Folguera, y la abogada Carmen Ladrón de Guevara se han reunido hoy en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) con representantes de la Secretaría General Técnica.
Reunión en la #FiscalíaGeneral con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo @_AVT_ pic.twitter.com/G5ZMGMrlTt
— Fiscalía General (@fiscal_es) September 1, 2020
La AVT les ha presentado una propuesta de reforma legislativa del Estatuto de la Víctima para potenciar la participación de la víctima en la fase de ejecución.
Asimismo, ha mostrado su «preocupación por algunas decisiones adoptadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en los últimos meses (principalmente las últimas libertades condicionales concedidas)», y han solicitado a la Fiscalía que sean recurridas.
La AVT también ha hecho entrega durante el encuentro de dos guías elaboradas por la asociación, una sobre buenas prácticas para la asistencia jurídica a las víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional, y otra titulada ‘Cómo afrontar el proceso judicial derivado del atentado que he sufrido».
Según ha informado, el objetivo de la guía de buenas prácticas es «aportar el conocimiento adquirido a través de las experiencias vividas por la AVT a lo largo de 39 años de asistencia jurídica y acompañamiento a las víctimas del terrorismo a los juicios en la Audiencia Nacional».
La asociación enumera en ella una serie de recomendaciones a todos los operadores jurídicos y profesionales que toman contacto con las víctimas del terrorismo durante la tramitación del procedimiento judicial «para, entre todos, poder evitar situaciones como encuentros en los pasillos de la Audiencia Nacional entre los terroristas y quienes les apoyan con sus víctimas, la difusión de la imagen de las víctimas del terrorismo en televisión pese a ser testigos protegidos, y la falta de información a las víctimas del terrorismo sobre el proceso judicial», entre otras cuestiones.
El fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, ha mostrado su interés respecto de ambas guías, y ha resaltado el carácter didáctico de las mismas, según ha informado la FGE en un comunicado.
Al hilo de este asunto, la AVT ha reiterado también su reclamación de que a los presos que soliciten cualquier mejora de su régimen penitenciario, se les exija el requisito de colaboración con la Justicia, pues considera que esta es «la mejor manera de medir si su arrepentimiento es real».
Recientemente, esta asociación ha denunciado que «hay muchos presos supuestamente arrepentidos, que cuando pisan un juzgado sufren una amnesia muy sospechosa».
La AVT, además, ha entregado un dosier «con más de doscientos indicios para la ilegalización de EH Bildu», que va actualizando, y también trasladó en su día a los anteriores fiscales generales de Estado.
Asimismo, ha pedido a la Fiscalía una «actitud proactiva» para perseguir los delitos de enaltecimiento del terrorismo, aunque comprende las dificultades técnicas para ello.
Le ha instado a que se explore la vía del delito de humillación a las víctimas del terrorismo y le ha hecho entrega de un informe sobre el impacto psicológico que producen los actos de recibimiento y homenaje a etarras en las víctimas, elaborado recientemente por la AVT.
Antes de la finalización del encuentro, Delgado se ha incorporado a la reunión y ha manifestado que «tanto por parte de la Fiscalía General del Estado como de la AVT, el compromiso con las víctimas constituye un eje fundamental en su actuación».
Tras la reunión, la AVT ha agradecido «la buena disposición» de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y su «disponibilidad para seguir trabajando» con la asociación en el futuro «y hacer lo más llevadero posible algo tan difícil como es el proceso judicial para las víctimas del terrorismo».
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