El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto en el que contesta favorablemente a la propuesta de la defensa de la empresaria y examante del Rey Emérito Corinna Larsen para que su declaración como investigada, fijada para el próximo 28 de septiembre, se realice desde la embajada española en Londres.
En principio la comparecencia se solventará por videoconferencia, si bien el juez deja abierta en su resolución la posibilidad de acudir personalmente a Reino Unido para tomar declaración a la alemana, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Esta posibilidad arrastra dificultades debido a las restricciones que las autoridades británicas han impuesto a los extranjeros, que deben aislarse durante 14 días al llegar a la islas.
De este modo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón responde al recurso de Larsen contra su decisión de no permitir que el interrogatorio tuviera lugar por videoconferencia desde el despacho de la propia Larsen en Londres, tal y como proponían sus abogados.
El juez respondió instando al desplazamiento de la empresaria a España para acudir personalmente a la sede de la Audiencia Nacional, si bien finalmente declarará desde la embajada española en aquel país en calidad de investigada.
La empresaria está siendo investigada en el marco de la pieza número 5, denominada ‘Carol’, de la operación Tándem. El juez la quiere interrogar sobre el supuesto encargo que habría realizado al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, para obtener información sobre una asistente personal española de la que sospechaba que pudiera estar filtrando información de su vida privada.
En dichas conversaciones también insinuó el supuesto cobro de comisiones por parte del Rey Juan Carlos por obras como la del AVE en la Meca, una cuestión que comenzó a estudiar la Fiscalía Anticorrupción y actualmente se encuentra sobre la mesa de la Fiscalía del Supremo, que estudia si pide la apertura de una causa por estos hechos en la que el monarca podría ser investigado.
La defensa también pidió al juez que la empresaria vaya acompañada de un letrado británico de su elección para «salvaguardar los derechos reconocidos por la legislación del Reino Unido a tal efecto» porque «no puede admitirse que la declaración mediante videoconferencia desde la Embajada de España cuente con menos garantías que la ejecución de una OEI (Orden Europea Internacional)».
