El espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se investiga en la ‘Operación Kitchen’ costó al menos 53.266,22 euros procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, según apunta el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en una resolución, hasta ahora bajo secreto de sumario y a la que ha tenido acceso Europa Press, perteneciente a la investigación que el magistrado realiza de la ‘caja B’ del PP.
Según el magistrado, la investigación ha podido acreditar un total de 25 pagos realizados entre julio de 2013 y mayo de 2015 en relación con la colaboración prestada por el que fuera chófer del extesorero, Sergio Ríos, y los agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional que participaron en la trama.
De esta cantidad, según detalla en su resolución el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, un total de 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios, y el resto a gastos de comida (2.574 euros), transporte (496 euros) y otros abonos menores que no se concretan (195 euros).
Las cantidades habrían sido entregadas por el comisario Andrés Gómez Gordo y por el también exmando jubilado en prisión José Manuel Villarejo, cuyas actividades irregulares analiza el magistrado Manuel García Castellón en el juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en el marco de ‘Tándem’.
De la Mata levantó este miércoles el secreto sobre su parte de la pieza ‘Kitchen’, que mantenía para no perjudicar la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre ese operativo parapolicial que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo sería sustraer información sensible del PP al que fue su tesorero, Luis Bárcenas, para ocultársela a la Justicia.
Una vez levantado el pasado lunes el secreto sobre ‘Kitchen’ en la causa de Villarejo del juez García Castellón, el juez central número 5 ha eliminado también esta prevención de la documentación sobre este asunto que se incluye en el procedimiento sobre la ‘caja B’ del PP.
Vigilancias entre 2013 y 2014
También ha quedado acreditado, según establece el juez De la Mata en su resolución, que personas y lugares del entorno de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias fueron objeto de vigilancia entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013; así como los días 22 de enero y 12 de febrero de 2014, «existiendo constancia documental de ello mediante notas de servicio».
Estas vigilancias fueron efectuadas por el Área especial de Seguimientos, servicio adscrito a la Unidad Central de Apoyo de la Comisaría General de Información.
En ellas, se daba especial importancia a los objetos que portan las personas vigiladas, haciendo hincapié en tratar de describir expresamente «qué tipos de bolsos, bolsas o documentos portan las personas vigiladas o aquéllas con las que se relacionan o las entregas de documentos efectuadas o que suponen que podrían haberse llevado a cabo«.
Además, el juez añade que se cumplió con los objetivos marcados mediante el apoderamiento de documentación integrada por al menos los documentos manuscritos por Iglesias e información digital grabada en un disco duro por parte de su chófer, Sergio Ríos.
Según informes de Asuntos Internos incorporados a este procedimiento, las vigilancias a la esposa de Bárcenas y su entorno fueron efectuadas por orden y comunicación del jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo en aquel momento, el comisarlo Enrique García Castaño, conocido entre sus colegas como ‘El Gordo’.
Este policía, según los citados informes, fue quien estableció como objetivo de las vigilancias la obtención de información que pudiera conducir a los investigadores a la localización del patrimonio eventualmente pudiera esconder el matrimonio Bárcenas «o la identificación de las personas que hubieran podido colaborar con los mismos para tal fin».
La información obtenida y las novedades acaecidas eran comunicadas diariamente a García Castaño para su traslado a las Unidades Investigadoras.
El objetivo era desactivar la investigación sobre la Caja B
Estos datos los incluye el juez en un auto con fecha del pasado mes de abril donde, además de solicitar determinadas diligencias al Canal de Isabel II y otras instituciones para ahondar en su investigación de la ‘caja B’ de los populares, afirma que la investigación ha puesto de manifiesto el «despliegue de una estrategia con el objetivo de desactivar la investigación judicial del procedimiento» que lleva años investigando.
Esta estrategia se desarrolló según De la Mata por el Ministerio del Interior, «desde donde se desplegaron diferentes líneas de actuación por diversos actores que coadyuvaron al objetivo común a través de las Unidades policiales que forma parte de su estructura orgánica».
Habrían participado, según añade el juez, «al menos la Dirección Adjunta Operativa llevando la coordinación de las operaciones y el Área de Seguimiento Especiales de la Unidad Central de Apoyo Operativo en calidad de ejecutora de las acciones».
