Vox ha solicitado al juzgado Central de Instrucción número 6 la declaración como testigo de la diputada de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, en el marco de la pieza separada 10 de la operación Tándem, conocida como caso Dina, que investiga el robo del teléfono móvil y la difusión de los datos de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham.
Según el escrito de Vox, firmado por la vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, Elizo fue la responsable jurídica del partido de Iglesias y transmisora de las instrucciones del líder y la ejecutiva de Podemos. Algo, añade, que también ha declarado el exasesor jurídico de Podemos José Manuel Calvente.
Precisamente, Calvente declaró este jueves como testigo en la causa que investiga el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. Según éste, la cúpula de Podemos usó la causa del robo del móvil de Dina Bousselham como estrategia para denunciar una operación de las ‘cloacas’ del Estado de cara a las elecciones de abril de 2019.
La formación de Santiago Abascal solicita que se aporten contenidos completos de los grupos de whatssap y telegram en los que Calvente participaba con ocasión del desarrollo de su actividad como coordinador jurídico.
Además, considera que debe ser citado como testigo al abogado de Podemos Alejando Fernández.
Por otro lado, Vox solicita que se admita la querella que presentó a finales de agosto contra Iglesias; su exasesora Dina Bousselham; la abogada Marta Flor; y el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa.
El partido se querelló contra los cuatro por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito (artículos 456 y 457 Código Penal), estafa procesal (artículo 250.1.7º Código Penal), tráfico de influencias (artículo 428 Código Penal) y revelación de secretos (artículos 417 y 418 del Código Penal). La querella fue inadmitida por un defecto procesal subsanable.
En ella, Vox asegura que el origen del caso Dina «obedecería a una estrategia establecida por Pablo Iglesias y demás ejecutiva del partido Podemos para, manipulando los hechos, poder ser utilizado a favor de la formación en las elecciones generales».
En la querella, recuerda el partido de Abascal, también se solicitaba que los mensajes de un chat interno del servicio jurídico de Podemos -que muestran los contactos con los fiscales anticorrupción y que corrobora por la declaración del abogado de Podemos-, sean puestos a disposición judicial. Junto a ello, pedía la declaración de Miguel Serrano, fiscal anticorrupción encargado del caso, y Diego Rodriguez Veiga, periodista.
