El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa Torner, magistrado en servicios especiales, cuestiona el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) que pide a la Sala de lo Penal que se desestimen todas las querellas contra el Gobierno por su gestión del coronavirus.
«Ha exonerado al Gobierno de cualquier responsabilidad sin solicitar ningún tipo de investigación previa», denuncia en Confilegal.
A De Rosa le «sorprende» que «con el importante número de querellas presentadas ante el Supremo por este asunto, la Fiscalía resuelva tan rápido que no ha habido ningún tipo de negligencia, imprudencia o algún tipo de actuación dolosa».
El exvicepresidente del CGPJ no ve «normal» que el Ministerio Público «determine ya de forma clara que no hay ningún indicio» contra el Ejecutivo, «a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos en los que se han iniciado investigaciones para esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido».
Destaca que existe múltiple jurisprudencia que indica que «antes de archivar debe realizarse una investigación para aclarar si existen indicios o no». También apunta que en las querellas se puede iniciar la investigación sin tener que llamar a nadie a declarar.
«Una petición de archivo inmediato no es lo que ocurre normalmente en el ámbito judicial», recalca.
«Es una anomalía el escrito de la Fiscalía solicitando la no admisión sin realizar ningún tipo de investigación, lo cual se une a la sombra de sospecha que tiene la fiscal general del Estado de trabajar para defender los intereses del Gobierno debido a su historial sectario, que pone en duda su objetividad, como han afirmado algunas asociaciones de fiscales», sostiene.
No obstante, recuerda que ahora queda en manos de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal pronunciarse sobre si las admite o no.
Fernando de Rosa fue presidente de la Audiencia Provincial de Valencia y el último vicepresidente del CGPJ (2008-2013), antes de que este puesto desapareciera por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013, y presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando Carlos Dívar, ya fallecido, presentó la dimisión en la primavera de 2012.
