España solo dispone de 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que «deja a más de la mitad de la población del país, el 53% de los residentes, sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas».
Así lo ha informado hoy la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que ha elaborado un informe a partir de las estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la planta judicial en España.
Según explica, durante 2019 solo se ha creado un juzgado más de Primera Instancia propio de Familia, concretamente en Lérida. Indica que mientras tanto, «el número de secciones de audiencias provinciales de Derecho de Familia seguía igual: 18 repartidas entre 16 provincias», y que, por tanto, en 32 provincias, sus ciudadanos «no tienen derecho a que sus crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado».
“Esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.
CUSTODIA COMPARTIDA, SEGÚN DONDE
Explica, que «en el caso de la custodia compartida de los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos (atienden asuntos penales y civiles) que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión”.
La AEAFA indica, además, «en cuanto a los retrasos en el sistema judicial, la situación también empeora cuando las crisis familiares recaen en estos juzgados generalistas».
“Los asuntos civiles en los juzgados mixtos están supeditados a la agenda penal. Así, ante la entrada de una causa con preso, la civil pasa a segundo plano, se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia”, detalla Lozano.
‘NUEVE MESES E INCLUSO MÁS PARA RESOLVER LAS MEDIDAS PROVISIONALES’
La presidenta de la AEAFA señala que “el atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse hasta nueve meses y, en algunas localidades, todavía más».
«Esto es muy grave cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine», apunta.
Cuenta que también puede suceder que los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda «por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales». María Dolores Lozano afirma que «esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental”.
Destaca que en España, solo los residentes en grandes núcleos de población pueden acceder a juzgados con jueces, fiscales y equipos técnicos especializados y que «fuera de este servicio público se quedan los ciudadanos de ciudades como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres, Lugo y miles de localidades más».
Lozano añade que la situación en las audiencias provinciales «no ha mejorado en España puesto que no se han creado más secciones especializadas en Familia».
Recuerda que en total, existen 18 repartidas entre 16 audiencias provinciales, las mismas que en 2018, y que atienden al 61% de la ciudadanía. «Por tanto, más de 18,5 millones de españoles se quedan sin que sus recursos de apelación sea atendido por audiencias provinciales especializadas en Derecho de Familia», explica la presidenta de la AEAFA, y apunta que esta situación se produce en todo el territorio de comunidades autónomas como Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Navarra o La Rioja.
La Asociación Española de Abogados de Familia se reunió el pasado julio con los grupos parlamentarios para impulsar la creación de una jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad.
Reclama que se recupere el texto inicial del Proyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que contemplaba un mandato al Gobierno para la creación de la jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad “en un plazo de seis meses”.
Esta asociación lamenta que “el Gobierno cercenó en el último momento la creación de esta jurisdicción propia tal como indicaba la redacción inicial”, que atienda “a 600.000 menores afectados por las crisis familiares”, por lo que está intentando que “se lleven a cabo las modificaciones necesarias” durante la tramitación parlamentaria de esta futura Ley.
El redactado de este Proyecto de Ley se encuentra actualmente en fase de alegaciones en el Congreso.
Esta asociación también ha mantenido un encuentro con el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, quien también está “preocupado” ante la falta de especialización de los juzgados que atienden asuntos de familia.
