El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha rechazado la solicitud del decano del Colegio de Procuradores de Vito, José Antonio Fandiño, de suspender las próximas elecciones a la Junta de gobierno, previstas para el 20 de noviembre, por considerar que el reglamento que impide que formen parte de la misma cargos que no residen en Madrid es inconstitucional.
Fuentes del CGPE han trasladado a Confilegal la «tranquilidad y normalidad absoluta» que hay en el Consejo tanto a nivel interno como externo.
En este mismo sentido se han pronunciado respecto a las elecciones, «un proceso electoral sujeto al Estado de Derecho», han afirmado.
Además, han recordado que el actual decano de Vigo, que se presenta a cargo de tesorero del CGPE y no disputa la Presidencia, «no cumple los requisitos en arreglo a la Ley, como es de público conocimiento para propios y extraños, lo que le impide participar del proceso electoral».
De acuerdo con Fandiño, la Junta General de las elecciones al CGPE, organización que reúne a los 67 colegios y 9.983 procuradores del estado, «ha bloqueado y rechazado la presentación de profesionales de Vigo y Valencia a los puestos de tesorero y secretaria alegando su incapacidad de realizar sus funciones por no residir en la capital de España, condición que establece el actual reglamento y que afecta a 1 de cada 3 cargos de la directiva, entre ellos los de tesorero y secretaria».
El representante de los procuradores vigueses ha reprochado además la «falta de transparencia en las cuentas del CGPE y la perennidad de algunos directivos», como el actual presidente, que cumple 34 años en el Consejo Nacional de Procuradores, 17 de ellos como presidente, y afronta ahora como candidato único un nuevo mandato.
Es la sexta elección a la que se presenta.
El representante del Colegio de Procuradores de Vigo, en el cargo desde marzo de 2018, forma parte del movimiento a favor de la renovación de la procura, impulsado por decanos de colegios de toda España y que buscan modernizar la profesión de procurador, revitalizar y descentralizar el Consejo General de Procuradores de España y trabajar por la agilidad de la Justicia.
Fandiño también ha presentado impugnación a las cuentas aprobadas en julio por el CGPE, por falta de transparencia, auditoría y reglamentación adecuada para su fiscalización.
«La actual presidencia del CGPE y su directiva lleva 8 años presentando cuentas en pérdidas, con una ratio de garantía cercana a la insolvencia y una reducción del patrimonio neto de la institución de todos los procuradores en un 90%».
En este sentido, ha asegurado que «los propios informes financieros del Consejo de Procuradores indican que la actual gestión es indicativa de incertidumbre sobre la capacidad del CGPE para continuar su actividad”.
