La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado hoy un decreto dirigido a todos los fiscales, y en particular a los fiscales superiores y fiscales jefes de todas las unidades para adaptar la prestación del servicio público de la Justicia por la Fiscalía a la nueva situación derivada de la crisis sanitaria.
El Ministerio Fiscal ha señalado en un comunicado que tal y como ya se hizo con el dictado del decreto del pasado 10 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) pretende «reaccionar con prontitud» para dar una respuesta «proactiva, rápida y eficaz» a la incidencia que la actual situación de crisis sanitaria pueda tener en la Administración de Justicia y, en concreto, en la prestación del servicio público por parte del Ministerio Fiscal, garantizando la continuidad del mismo al tiempo que la salud de los fiscales y de la ciudadanía, y favoreciendo también la conciliación.
El nuevo decreto prima la autonomía de los territorios y las jefaturas para ejercer sus competencias organizativas en función de la afectación del servicio público de la Justicia y la evolución de la situación sanitaria.
Establece como «criterios irrenunciables de actuación» la protección de la salud de la ciudadanía, de los fiscales y del personal funcionario de las diferentes fiscalías, así como el seguimiento escrupuloso de las prescripciones y/o recomendaciones sanitarias y la mejor prestación del servicio, muy particularmente, de los llamados servicios esenciales.
Se garantiza la continuidad de la atención al público a través de los medios telemáticos, así como la utilización de las nuevas tecnologías en la celebración de vistas o comparecencias. Asimismo, se suspenden las visitas de inspección presenciales realizadas por las distintas fiscalías territoriales.
Además, se pone el acento, de nuevo, en la conciliación familiar y el aseguramiento a las fiscales de que la asistencia a las sedes fiscales y judiciales debe ir acompañada de la garantía de cumplimiento de las prevenciones establecidas por las autoridades sanitarias.
Asimismo, el decreto procede a adaptar las disposiciones de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, del Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia y finalmente del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
