La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), con el apoyo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), ha puesto en marcha un buzón de alertas para que los ciudadanos puedan denunciar, de forma totalmente segura y con el anonimato garantizado, cualquier caso de corrupción o conducta ilegal que se conozca, tanto de las administraciones públicas como de empresas u organizaciones públicas o privadas.
Estas denuncias, según han explicado FeSP y FIBGAR en un comunicado, tras la necesaria verificación de la información, podrán ser conocida públicamente por los medios de comunicación y, en su caso, se hará la respectiva denuncia a la Justicia.
Este buzón forma parte del proyecto europeo Expanding Anonymous Tipping (EAT), cofinanciado por la Comisión Europea y liderado por FIBGAR, y será presentado hoy en un acto público telemático, de 9:30 a 11 horas, en el que se debatirá sobre alertadores y seguridad digital, como los nuevos retos de la democracia.
En este debate, que se enmarca dentro del octavo mes europeo de la ciberseguridad, intervendrán Baltasar Garzón, presidente de FIBGAR; Agustín Yanel, secretario general de la FeSP; Hervé Falciani, presidente de la asociación Tactical Whistleblower; Joan Antoni Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, y Estelle Raso, de KPI Risk Ethics & Compliance.
Recuerdan que la aprobación de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, es un gran avance al respecto, que propone estándares mínimos de protección que deben ser ampliados por cada Estado miembro.
En este contexto, el proyecto EAT se ha concebido como respuesta y apoyo a esa Directiva que, como primera etapa para una protección efectiva de los alertadores, acuerda poner a su disposición canales de denuncia seguros y anónimos. «El objetivo es promover una seguridad digital accesible y de fácil uso, mediante la implementación de buzones seguros y anónimos para proteger a quienes, con sus reportes, consolidan la democracia».
«Promover iniciativas dirigidas a garantizar el ejercicio de la democracia adquiere aún más relevancia en un contexto social y político en el cual la comunidad internacional esta siendo testigo de que, en Portugal, se está juzgando a un hombre por haber expuesto irregularidades fiscales que alcanzan 65 millones de euros».
Al mismo tiempo, «en Londres se piden 175 años de cárcel para otro por haber permitido que salgan a la luz prácticas y torturas masivas, asesinatos extrajudiciales y otros crímenes atribuidos a estados gobernantes».
Estos dos hombres, recuerdan en el comunicado, «Rui Pinto y Julian Assange son solo dos ejemplos de los muchos en que se criminaliza a quienes defienden con sus actos una sociedad en la que la transparencia hacia la ciudadanía debería ser una obligación para los poderes públicos».
A juicio de los impulsores de este buzón, «exponer los hechos que van en contra del interés general tampoco debería ser considerado como un acto heroico, sino como una simple manifestación de la democracia«.
«Para ello es necesario institucionalizar la participación ciudadana, promoviendo una protección efectiva de los alertadores a fin que la defensa de un bien común y la construcción colectiva de una sociedad más justa y transparente sean las raíces de la democracia».
