La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente reclaman al Ministerio de Justicia que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que se encuentran en trámite parlamentario, aumente las plazas ofertadas para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal.
En concreto, en un comunicado conjunto, piden que la oferta de plazas aumente de las 240 previstas a 300 y en su defecto, que las que queden desiertas en el proceso selectivo en curso se sumen a la oferta de la próxima convocatoria.
Las cuatro asociaciones judiciales recuerdan que la oferta pública de 300 plazas de la actual convocatoria corresponde al ejercicio 2019, que fue convocada por acuerdo de fecha 5 de julio de 2019 de la Comisión de Selección.
En 2020 no se ha podido convocar el proceso selectivo como consecuencia de la pandemia de Covid-19. En este sentido, apuntan que, «según informaciones facilitadas a la fecha ya hay 6 plazas que han quedado desiertas, siendo posible que cuando finalice el proceso selectivo queden sin cubrir aún más plazas».
Convocatoria «sin demora» del proceso selectivo que corresponde a 2020
En la actual coyuntura, subrayan, «y con ese déficit estructural expuesto, no parece razonable que dichas plazas queden sin cobertura y, por ese motivo, solicitamos, en primer lugar, que se convoque sin demora el proceso selectivo que correspondería al presente ejercicio con la oferta de 300 plazas que contemplan los Presupuestos Generales del Estado actualmente vigentes».
«España está muy por debajo de la ratio media europea de juezas y jueces por habitante», en este contexto destacan «la necesidad de aumentar la planta judicial para tener unos estándares de calidad mínimos para la prestación de un servicio esencial como es la Administración de Justicia».
A ello, hay que sumarle la situación derivada del Covid-19, subrayan.
«Debemos poner en valor a las/os opositores, a las dificultades que han tenido este año con motivo de la pandemia tanto para preparar adecuadamente los ejercicios como para el desarrollo de los mismos ante los Tribunales calificadores, lo que hace necesario un esfuerzo adicional de las Administraciones Públicas para que ese trabajo y esa dedicación no se pierdan y puedan materializarse en siguientes convocatorias».
