Ramón Rodríguez arribas fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2004 a 2013; entre 2012 y 2013 fue vicepresidente de dicho órgano. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El vicepresidente emérito del Constitucional, Rodríguez Arribas, cree que se han dado «abusos normativos» durante los estados de alarma
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12/12/2020 06:51
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Actualizado: 23/3/2021 12:45
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Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y socio director del despacho Rodríguez Arribas Abogados, se mostró ayer muy crítico con las decisiones legislativas decretados por el Gobierno durante los tres estados de alarma impuestos por la pandemia de coronavirus, recordando que en esta situación «no hay control parlamentario, lo que ha implicado, ha afirmado, que «se han dado abusos normativos».
Durante su participación en una conferencia organizada por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Rodríguez Arribas señaló que, en concreto, se han aprobado 12 Decretos Leyes, 5 Reales Decretos y 113 órdenes ,inisteriales, en los tres estados de alarma.
En su opinión la mayor parte de ellos «no tienen nada que ver con la pandemia» como por ejemplo el relacionado con el Centro Nacional de Inteligencia, según ha informado Fedeto en nota de prensa.
Desde el punto de vista de Rodríguez Arribas, se ha hecho algo peor: la tramitación de leyes importantes, como la ley educativa, la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en estos momentos se apunta al inicio del debate sobre la Ley de la Eutanasia.
El también exmagistrado del Tribunal Supremo considera que esto no es constitucional y que, por tanto, muy posiblemente se declaren anticonstitucionales leyes como la ley de educación.
Además considera como «grave» que en el estado de alarma «dejó de funcionar al Poder Judicial, por lo que las Salas de Justicia no pudieron realizar su trabajo».
Respecto a las repercusiones del estado de alarma en la economía, Arribas aseguró que «no queda en suspenso la responsabilidad patrimonial del Estado».
«Todos nos esperábamos un aluvión de denuncias, pero no ha sido así. Se puede reclamar a la Administración Pública, pero lo recomendable es hacerlo caso por caso. Porque no todo es indemnizable. Es difícil una regla general, por lo que insisto lo apropiado es hacerlo caso por caso», concluyó.
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