La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Lucena, Córdoba, la componen siete personas. El decano, Diego Chacón, tres diputados, un tesorero, un bibliotecario y un secretario.
Cinco de ellos, el 71 por ciento, presentaron en bloque su dimisión por «desavenencias» con su líder.
La «rebelión» de los cinco componentes de la Junta de Gobierno de Lucena debilita, de forma evidente, a Chacón, quien fue elegido, hace apenas dos semanas, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), durante los próximos dos años.
La mencionada Junta fue reelegida hace dos años, en noviembre de 2018, con Chacón capitaneando la lista única que se presentó, sin competencia alguna, tras un primer mandato. Estaba formada por Manuel Egea Manrique, como diputado primero; José Granados Lara, diputado segundo; José Antonio Vigo Aguilera, diputado tercero; Francisco Rodríguez García, tesorero; Francisco Pascual Ramírez López, bibliotecario; y Jesús López de Ahumada Beato, secretario.
El decano Chacón, para contrarrestar la crisis abierta, dirigió, en las últimas horas, una carta a todos los colegiados calificando las dimisiones como «inesperadas» e «irresponsables», al tiempo que aseguraba que «no se ha producido conflicto personal, profesional, ni colegial o institucional, al menos que sepa, y pueda justificar ni una sola de las dimisiones», según publica ABC.
«Y de existir alguna causa desconocida para este decano, en modo alguno se ofrecería proporcionada a las decisiones adoptadas, quebrantando los compromisos de periodo de servicio regulados en nuestro estatuto particular».
De acuerdo con el artículo 61 de los Estatutos de ese Colegio, el decano Chacón está obligado a convocar elecciones para cubrir sus vacantes por los dos años que restan del mandato de cuatro años.
Se da la circunstancia curiosa de que el Colegio de Lucena cuenta 11.864 colegiados, de los que 156 son abogados residentes en la localidad, 97 no residentes y 11.611 no ejercientes, una cifra descomunal para una población de 42.530 habitantes, según datos de 2018.
La razón de esa circunstancia se encuentra en los meses precedentes a la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía que obliga a realizar un curso a los licenciados que quieran ejercer y a las tasas bajas de dicho colegio.
