Foro Judicial Independiente (FJI) denuncia el «sometimiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al poder político, por haber vuelto a posponer el nombramiento de altos cargos judiciales, «obviando su deber legal de proveer las vacantes judiciales inmediatamente que se produzcan».
Esta asociación, que preside la magistrada Concepción Rodríguez, ha publicado hoy un comunicado condenando el «nuevo acto de vasallaje» del órgano de gobierno de los jueces ante el poder político», como apunta que ya ocurrió el 16 de enero y el 28 de julio de 2020, tras la decisión ayer del Pleno del CGPJ de aplazar los nombramientos previstos al próximo jueves.
FJI hace hincapié en que el CGPJ tiene el deber hacer proveer estas vacantes, «como establecen el artículo 570.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 12.2 del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales».
A esta asociación judicial le llama «poderosamente la atención» lo que está sucediendo con los procesos para elegir la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias (convocatoria septiembre 2019), del País Vasco (convocatoria de junio de 2020) o una plaza para la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (junio 2020), «que deberían haber culminado en un plazo no superior a 6 meses y que arrastran un retraso particularmente sonrojante».
Señala que como en anteriores ocasiones, el CGPJ los ha pospuesto «con la excusa de estar próximo el acuerdo de su renovación, es decir, haciendo prevalecer los intereses políticos por encima de sus obligaciones legales».
«Que nadie se llame a engaño», subraya Foro Judicial Independiente.
Indica que «con la Ley en la mano, el actual CGPJ es tan legítimo como el que está por venir».
Además, destaca que «no conviene no olvidar» que «por el juego de la mayoría de 3/5 necesaria para ello, los vocales propuestos por los partidos de derecha y de izquierda deben ponerse de acuerdo en el nombramiento de esos altos cargos judiciales».
FJI afirma que «este modo de proceder» del CGPJ, lo que en verdad evidencia es que el órgano de gobierno de los jueces «es percibido por los partidos políticos como un órgano de colocación».
«Se trata de que la clase política actual “meta” a los suyos y, por su mediación, a quienes perciben como “sus” jueces. No hay más. Y el CGPJ se pliega a eso, aun a costa de hacer dejación de sus deberes, acercándose peligrosamente a figuras jurídicas tales como la desviación de poder, cuando no a otras más graves», manifiesta.
Y añade que como ya dijeron en las anteriores ocaciones en las que los nombramientos fueron retirados, «con este proceder, el CGPJ está perjudicando gravemente, no solo el interés público, que exige cubrir las plazas ahí donde quedan vacantes, sino también los legítimos intereses de los candidatos a esas vacantes, muchos de los cuales llevan meses inmersos en un proceso que debería haber concluido hace otros tantos».
«En otras palabras, lo que está haciendo el CGPJ es poner en duda ante toda la opinión pública la aptitud profesional de estos candidatos, al dejar claro que el factor determinante para la elección es el ideológico o, si se prefiere, el de afinidad», sostiene FJI.
Subraya que «esta evidente injerencia política en el Poder Judicial daña la credibilidad de todo el sistema judicial y perjudica la lucha contra la corrupción, tal y como nos ha recordado hasta la saciedad el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO)».
«Lamentamos profundamente, por el daño que supone a la separación de poderes, que el CGPJ esté dando la razón al GRECO», concluye.
