Año de bienes para Sagardoy Abogados. Además de haber sido contratado por El Corte Inglés para conducir las negociaciones del primer ERE en la historía de la compañía, como ya hizo recientemente con Banco Santander e Indra en la gestión de sus despidos colectivos, el despacho especializado en derecho laboral acaba de renovar como asesor jurídico de Enaire, la sociedad pública propietaria al 51% de Aena.
Según la documentación oficial consultada por este medio, el gestor aeroportuario ha decidido aplicar una segunda prorroga al contrato que mantiene desde hace años con Sagardoy para la prestación de servicios profesionales en materia laboral. Esta nueva extensión, que empezó a contar de forma automática desde finales de enero, tendrá una vigencia de 18 meses tras más de tres años de contratación.
Aunque el propio acuerdo, firmado en 2017, preveía la posibilidad de alargar la prestación durante dos nuevos periodos, la cantidad que pagará Enaire superará los 440.000 euros, frente a los 380.000 euros presupuestados inicialmente. La sociedad ha tomado la decisión de mantener la externalización del servicio jurídico pese a la oposición de los comités de empresa.
Las fuentes sindicales consultadas por Confilegal denuncian la falta de contratación de letrados internos mientras el consejo de administración de Enaire recurre «sistemáticamente» a asesores externos para diversos temas. Prueba de ello es que pese a tratarse de una de las áreas con más necesidad de personal, el 60% de las incorporaciones producidas desde 2015 (un total de 8) han sido con un contrato de obra y servicio. El resto se ha cubierto por medio de licitaciones.
En una reciente respuesta parlamentaria, el dueño de Aena reconocía haber gastado una media de 667.000 euros anuales en despachos de abogados entre 2011 y 2019, cantidad que justificaba en la necesidad y especialización requerida en cada asunto jurídico, «respetando en todo momento los principios de la contratación pública».
No obstante, el senador de Compromís Carles Mulet registró en febrero una batería de preguntas en el Senado en relación a los procedimientos de contratación de asesoría jurídica por parte de Aena. Entre las cuestiones planteadas se encuentran el número de contratos que no han pasado por ningún proceso selectivo o los sueldos de los contratados en el área jurídica, así como las razones por las que esas plazas no han sido cubiertas mediante un proceso de selección interno.
En este mismo escrito, registrado el pasado 28 de febrero, Mulet también solicitaba explicaciones por la licitación de un acuerdo marco para la contratación de procuradores por un importe bruto de 1,45 millones de euros, cuando la mayor parte del trabajo de esta figura se lleva a cabo a través de LexNET.
