El Pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva este miércoles, con 150 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones, la Proposición de Ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato.
Una vez aprobado en el Senado resta solo su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que los cambios surtan efecto.
De este modo, la mayoría del Pleno de la Cámara Alta ha rechazado las propuestas de veto que habían presentado PP y Vox y también las enmiendas de los ‘populares’ y han dado su apoyo a las posiciones manifestadas en la Comisión de Justicia, que confirmó el texto procedente del Congreso de los Diputados.
La propuesta de los socios de Gobierno comenzó su andadura el pasado mes de diciembre y, tras una tramitación urgente en ambas cámaras, podría estar plenamente operativa en apenas unos días con su publicación en el BOE.
Durante la Comisión de Justicia, según informa Europa Press, el senador socialista José María Oleaga defendió que la reforma «trae causa de un problema que ha generado el PP» por no pactar la renovación del actual CGPJ, que lleva pendiente más de dos años, acusando a los ‘populares’ de plantear «un desafío legal y constitucional» que ha provocado «una distorsión en el funcionamiento de la administración de justicia».
Por su parte, el senador del PP Fernando de Rosa reiteró que esta proposición de ley es un ataque a la independencia judicial. «Asistimos a un asalto al CGPJ que no tiene justificación en un Estado de Derecho pleno», dijo, expresando una posición que comparten Vox y Ciudadanos.
El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es «establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación».
Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una «laguna jurídica» que «constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido».
En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial.
En cambio, plantean que conserve «aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante» para evitar la «parálisis» de la Justicia.
El PSOE y Unidas Podemos presentaron esta reforma, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
En febrero, PSOE y PP retomaron las negociaciones para elegir a los nuevos vocales del CGPJ, pero naufragaron, esta vez, por el veto de los ‘populares’ a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Desde entonces, no se han conocido progresos.
En estos más de dos años de interinidad, el CGPJ ha seguido adelante con las designaciones de jueces y magistrados, si bien en el orden del día de su Pleno de este jueves no incluirá los cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo que quedaron pendientes tras el extraordinario del pasado 4 de marzo, entre otras razones, debido a la inminente aprobación de la reforma, según han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió inicialmente no incluir la designación de vacantes en el Pleno ordinario de este mes, dadas las noticias que auguraban un acuerdo entre socialistas y ‘populares’ para renovar el órgano constitucional.
Las fuentes consultadas han indicado que no parece que esto pueda volver a repetirse, tanto por la reforma de la LOPJ como por la situación política con la cita electoral en la Comunidad de Madrid, que parecen alejar aún más el acuerdo.
