La Mesa del Congreso ha acordado hoy tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté en funciones.
Ha salido adelante con la mayoría que tiene el Gobierno en la Mesa, que suma seis votos, mientras que ha recibido tres votos en contra, del Partido Popular y VOX.
PSOE y Unidas Podemos habían recabado el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria.
La intención de PSOE y Podemos es habilitar en enero la Comisión de Justicia para abordar el nuevo texto legislativo y sacarlo adelante, según indican a este diario fuentes parlamentarias. Así, su aprobación podría estar lista en febrero o marzo.
Aprobada la tramitación por la vía de urgencia se ha fijado un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la Proposición de Ley, un trámite que estaba pendiente desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre.
Por otra parte, la Mesa del Congreso ha rechazado hoy, con los votos de PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del CGPJ y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma.
Al ser registrada como Proposición de Ley y no como Proyecto de Ley no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, impidiendo esos informes previos que aunque no son vinculantes realizan un análisis pormenorizado de la reforma propuesta.
No serían exigibles según la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin embargo podrían serlo con arreglo al Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según destacaron el pasado mes de diciembre seis vocales del CGPJ, José Antonio Ballestero, José María Macías, María Victoria Cinto, Juan Martínez Moya, Rafael Fernández Valverde y Wenceslao Olea.
El órgano de gobierno de los jueces acordó el 17 de diciembre, a propuesta de dos grupos de vocales, reclamar a la Cámara Baja que le solicite informe sobre la misma, decisión que fue respaldada por 16 de los veintiún miembros del CGPJ.
También instó al Congreso a recabar la opinión de la Comisión de Venecia y a oír a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia.
Tras el acuerdo el CGPJ, el grupo popular registró una solicitud similar ante la Mesa señalando que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es «manifiestamente inconstitucional» y que la «maniobra» de tramitarla como Proposición de Ley y no como Proyecto de Ley «evidencia claramente que se trata de imponer un órgano de gobierno de los jueces ideológico».
La Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y Foro Judicial Independiente (FJI) han mostrado a los grupos parlamentarios su «preocupación» ante las proposiciones de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentadas por PSOE y Unidas Podemos, una para cambiar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial, y ésta otra para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos de altos cargos judiciales estando en funciones.
Denuncian que esas iniciativas de PSOE y Unidas Podemos «chocan frontalmente con un verdadero propósito de alejar al órgano de gobierno del Poder Judicial de las contiendas partidistas y del juego político».
La Asociación de Fiscales (AF) también ha denunciado que la reforma del CGPJ de PSOE y Podemos supone «un grave ataque a nuestra democracia».
Aboga por «blindar el Poder Judicial para que ningún partido político haga y deshaga a su antojo».
«Blindar el Poder Judicial es esencial para la democracia”, subraya.
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