Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han registrado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando haya caducado su mandato, como ocurre desde el 4 de diciembre de 2017.
Con ello, los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición persiguen que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo de funciones y se limite a funciones de mero trámite ordinario.
Afirman que las facultades de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional, «deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones».
PSOE y Unidas Podemos pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año.
DESCARGAR PROPOSICIÓN DE LEY
El pasado 13 de octubre ambos partidos también registraron la anunciada proposición de ley para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que activa la elección por mayoría absoluta en 48 horas en caso de que no fuera posible la cualificada en primera votación -como ocurre hasta ahora-, y que tanta polémica ha suscitado.
LAS FUNCIONES DEL CGPJ ASIGNADAS ACTUALMENTE POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LOPJ
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado mes de septiembre, en su discurso en el acto de apertura del año judicial, además de criticar el bloqueo de la renovación del CGPJ y exhortar a afrontarla ‘sin dilaciones, destacó que «conviene recordar» que el órgano de gobierno de los jueces tiene asignadas por la Constitución «unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad, porque lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes».
Entonces, las 4 asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- manifestaron que entienden que el CGPJ, pese a estar en funciones, no puede declinar de su funcionamiento normal, entre el que se encuentran los nombramientos judiciales, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
«La propia Ley Orgánica del Poder Judicial regula la continuación en el funcionamiento ordinario del Consejo, aún estando en funciones, hasta que no se produzca su renovacción», ha señalado a este diario la magistrada María Jesús del Barco, portavoz de la APM y juez decana de Madrid.
Especifica que en el artículo 570 señala, en concreto en el punto 2, que «si ninguna de las dos Camaras hubiesen efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo».
En cambio, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), no ve bien que el Consejo realice nombramientos estando en funciones y pide que limite su gestión al despacho ordinario de asuntos públicos ante la paralización de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
AJFV, cuando expiró el actual mandato del CGPJ, dijo entonces que «lo suyo era que los nuevos nombramientos los hiciera el nuevo CGPJ, como es lógico», pero señala que «dos años después y ante semejante parálisis que nadie sabe hasta cuándo se va a prolongar, también es cierto que este Consejo no puede quedarse de brazos cruzados, porque las vacantes hay que cubrirlas”.
SOLVENTAR LA ‘ANOMALÍA’ ACTUAL
«En los últimos dos años hemos visto como una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial», han señalado fuentes de Unidas Podemos, y han añadido que con esta ley se acabaría con esta «anomalía».
PSOE y Unidas Podemos exponen en la proposición de ley que «la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación, sitúa al CGPJ en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento».
En consecuencia, ven necesario delimitar las atribuciones de los vocales cuando su mandato haya expirado. Señalan que a diferencia del poder Ejecutivo o Legislativo, la concreción de esas funciones «no está desarrollada de forma conveniente en la actual legislación».
«La existencia de una normativa apropiada para estos casos supone una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación, pero, sobre todo, resulta fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano», manifiestan PSOE y Unidas Podemos.
