La Unión Progresista de Fiscales (UPF) no ve bien que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vaya a iniciar el proceso para examinar candidatos a presidir las Salas de lo Contencioso, lo Social y lo Militar del Tribunal Supremo, y ha reclamado a sus miembros que limiten su gestión al despacho ordinario de asuntos públicos ante la paralización de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Esta asociación, que reside Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional, señala en un comunicado que en estas circunstancias, la «obstinación» del Consejo de seguir funcionando con una normalidad ajena a la realidad, realizando nombramientos que afectan y determinan la cúpula judicial, «mal se compadece con un compromiso activo por la renovación del órgano constitucional que refuerce la confianza de la ciudadanía en el CGPJ».
Por ello, la UPF insta al Consejo a actuar de manera similar a como respecto de los gobiernos en funciones establece la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, y limite su gestión «al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique».
La próxima semana, la Comisión Permanente del Consejo se reunirá para discutir si procede a la elección de los presidentes de las Salas Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo o continúa esperando la renovación del órgano, según publica Europa Press.
La Unión Progresista de Fiscales exige «lealtad constitucional» a los miembros del actual CGPJ.
Recuerda que, según los principios de ética judicial aprobados por el pleno del CGPJ el 20 de diciembre de 2016, los miembros de la Judicatura han de asumir un compromiso activo en el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial.
Además, señala que según dichos principios éticos, los jueces «tienen el deber de reclamar de los poderes públicos unas condiciones objetivas de trabajo adecuadas para el ejercicio independiente y eficaz de sus funciones».
La UPF también lamenta la decisión del PP de «continuar con su negativa a renovar los miembros de tres de las más importantes instituciones democráticas», en referencia al CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
Destaca que «esta decisión de no acatar las leyes que regulan estos órganos constitucionales, afecta directamente a la legitimidad de estas instituciones y nos coloca fuera del marco constitucional».
El pasado 31 de agosto, la Unión Progresista de Fiscales instó a todas las fuerzas parlamentarias a que cumplieran con el mandato constitucional de renovación de esas instituciones democráticas, entre ellas, y en primer lugar, el Consejo General del Poder Judicial.
«La pasividad y el aquietamiento ante el incumplimiento por parte de las fuerzas parlamentarias de la obligación de renovar el órgano de gobierno de los jueces por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza, contribuye al deterioro de la institución y supone una falta de respeto y lealtad a nuestra Constitución y la ciudadanía«, sentencia la UPF.
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