La falta de acuerdo de Pedro Sánchez y de Pablo Casado deja a Carlos Lesmes las manos libres para llevar a cabo los nombramientos de altos cargos del poder judicial pendientes. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El CGPJ de Lesmes se prolongará, como mínimo, hasta noviembre, diciembre, o más allá
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03/9/2020 01:00
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Actualizado: 03/9/2020 00:56
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El ambiente de la última reunión que celebraron el pasado lunes el PSOE y el PP sobre la renovación del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue a cara de perro. Auguró justo lo que sucedió ayer, tras el encuentro en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
El PP sigue bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces y lo va a seguir haciendo hasta, por lo menos, noviembre o diciembre próximos. Aunque hay algunos que auguran, incluso, febrero o marzo de 2021.
Para mantener esa posición, Casado ha expresado sus razones, que no es otra que una, principal: la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de la nación.
No tiene sentido negociar nada con un gobierno de coalición en el que uno de sus socios ha pedido al Rey que abdique y que haya un referéndum sobre la monarquía, que ha pedido un cambio de régimen constitucional, que aboga por un referéndum de autodeterminación para Cataluña, que trata a EH Bildu como un interlocutor político y que, además, ha sido imputado por financiación irregular.
«Así empezamos muy mal», dijo ayer Casado.
SIN EL PP NO ES POSIBLE
Sánchez no puede proceder a la renovación del CGPJ ni de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional sin los votos del PP. Juntos, PSOE y PP; suman las 3/5 partes de los votos, tanto en el Congreso como en el Senado, para hacer realidad ese cambio.
Esto deja las manos libres a Carlos Lesmes para llevar a cabo los nombramientos que tiene pendientes tanto en el Tribunal Supremo, como en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales. El «alto mando» del poder judicial.
Los pasados meses de enero y de julio aplazó, por acuerdo del Pleno del CGPJ, la mayor parte de dichos nombramientos ante la aparente «inminencia» de un acuerdo entre los dos partidos.
No va a ser así. Va a tener que seguir en funciones.
Lo único que puede impedir que se lleven a cabo dichos nombramientos, entre los que se encuentran las Presidencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar del Supremo, así como las tres vacantes de la Sala de lo Penal –el 20 por ciento de su plantilla–, es que el grupo «progresista» de vocales del CGPJ se «amotine» en bloque y se niegue a participar en las votaciones que el Pleno, inevitablemente, tiene que realizar para tal fin y que precisan de 13 votos de mayoría para elegir a cada uno de ellos.
UNA CONSECUENCIA DIRECTA: LA «PATATA CALIENTE» EN EL SUPREMO DEL MAGISTRADO DEL CONSTITUCIONAL IMPUTADO POR MALOS TRATOS
Este escenario, además, reactiva el reloj del explosivo del caso de Fernando Valdés Del-Ré, magistrado del Tribunal Constitucional, que el pasado 10 de enero fue detenido por la Guardia Civil en su casa de Majadahonda, Madrid, por unos supuestos malos tratos a su mujer.
Si hubiera habido acuerdo para la renovación, también del Tribunal Constitucional, se podría haber demorado el caso y, una vez fuera del máximo tribunal de garantías, se habría disuelto en el olvido como un azucarillo en un vaso de agua.
Esto, sin duda alguna, lo reactiva y lo convierte en asunto de máximo interés.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3, con competencias en violencia de género, de Majadahonda, Elena Garde, lo interrogó al día siguiente, el 11 de agosto, al igual que a su mujer y a unos testigos presenciales. Después el caso al Tribunal Supremo, donde la instrucción ha recaído en el magistrado Antonio del Moral.
Garde dice, en la exposición razonada remitida al Alto Tribunal, haber apreciado indicios de la “comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en el artículo 153 del Código Penal”.
Este artículo se lee: “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido la esposa” será castigado con prisión de “seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días”.
Formando parte de la exposición razonada de la magistrada de Majadahonda, va incluido un informe del Ministerio Fiscal en la misma dirección, por lo que es improbable que el fiscal del Supremo, por el principio de unidad de actuación que rige el funcionamiento de este órgano, se pronuncie de forma contraria, de acuerdo con el artículo 408 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Inevitablemente, Valdés Dal-Ré tendrá que ser enjuiciado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debido a la existencia de dos testigos presenciales.
El desenlace podría poner al magistrado en la tesitura de la dimisión, lo que alteraría el equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional a favor de los conservadores.
UN CGPJ EN EL LIBRO DE LOS RÉCORD GUINNESS
Otra consecuencia de lo ocurrido ayer es que este Consejo podría pasar al Libro de los Récord Guinness como el más longevo de la historia. Una marca que, hasta ahora poseía el que presidió el desaparecido Francisco Hernando, que fue elegido el 6 de noviembre de 2001 y que cesó el 21 de septiembre de 2008.
O lo que es lo mismo, 6 años, 10 meses y 15 días. Un año, 10 meses y 15 días por encima de los 5 años de mandato.
El de Lesmes va camino de romperlo. A día de hoy cuenta ya con 6 años y 9 meses –que se cumplirán mañana 4 de septiembre–. Un año y 9 meses más de lo que le corresponde.
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