El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha remitido una carta a Fiscalía Anticorrupción en la que reconoce como «ciertos» los hechos que el Ministerio Público refleja en su escrito de acusación por las irregularidades en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, dirigido entonces por Arturo González Panero, de quien destaca la «ambición desmedida» y una actuación «amoral».
Correa comienza explicando en su manuscrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que conoció al que fuera alcalde de Boadilla a través de otro alcalde en esa época, el de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega, condenado a 40 años y tres meses de prisión por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005).
Según indica, ambos ex primeros ediles estudiaron juntos el bachillerato y desde entonces mantenían «cierta amistad».
Se da la circunstancia de que hace dos semanas Correa envió al juez de Vigilancia Penitenciaria una carta en la que pedía perdón e informó de que había solicitado ingresar en el nuevo programa de rehabilitación para delincuencia económica.
A lo largo de cuatro páginas, Correa describe su relación con varios de los acusados en esta pieza relativa a los presuntos amaños de contratos en el ayuntamiento de Boadilla, que se comenzará a juzgar el próximo 22 de septiembre y que está previsto que se alargue hasta febrero de 2022. En ella apunta principalmente a Arturo González Panero, conocido como ‘El Albondiguilla’, a quien describe como «amoral».
«Su ambición era desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable. La relación con él era muy complicada no mantenía su palabra ni código ninguno, prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario, si posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva, dicho lo cual su actuación se podría resumir como ‘amoral'», explica Correa sobre González Panero.
También afirma que tenía «buena relación» con otros dos acusados: el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda Tomás Martín Morales, con quien coincidió en «numerosos actos y campañas», y con José Galeote, exconcejal y padre del ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote, quien, a través de su hijo Ricardo, condenado a seis años y medio de prisión por los primeros años de actividades de la Gürtel, conoció a Correa.
En relación con el exdiputado Alfonso Bosch, el líder de la trama Gürtel admite que fue él quien «introdujo» a este acusado en el consistorio de Boadilla tras hablar con Martín Morales y González Panero para que le «buscaran un hueco como cargo de confianza» en el nuevo organigrama del Ayuntamiento.
De esta forma, fue nombrado gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), afirma Correa.
«Efectivamente todos ellos participaron en el reparto de dádivas», asegura el escrito de Correa, que añade que fue él mismo quien sugirió al exalcalde de Boadilla que tuviera en cuenta a José Galeote «en algunas operaciones» y por ello, «tal y como expone el escrito de acusación» de Anticorrupción, participó «en el reparto de alguna adjudicación, siempre bajo el consentimiento y control económico del alcalde», Arturo González Panero.
El manuscrito también detalla que Alfonso Bosch participaba «exclusivamente» en las adjudicaciones de la empresa municipal de Vivienda, pero quien decidía el «nivel de participación en el reparto» era su jefe Tomás Martín Morales.
Según señala el líder de la Gürtel, éste último recibía las dádivas de las adjudicaciones de la EMSV y cuando fue nombrado director general del Ayuntamiento, al mantener el cargo de presidente de la empresa del suelo de Boadilla, «percibía de ambos organismos».
«En mi opinión no de todas las adjudicaciones del Ayuntamiento, las controlaba todas el alcalde», subraya.
Así, recalca que aunque Martín Morales era el que adjudicaba los contratos de la empresa municipal del suelo, era González Panero quien negociaba «personalmente» los mismos y percibía las «dádivas».
Destaca además que el exalcalde «incorporó al ayuntamiento a una persona» que procedía de la Junta de Castilla y León, de quien no recuerda el nombre, «al objeto de interponerse entre él y los empresarios para no dar la cara continuamente y protegerse en cierta medida» y ampliar así «el abanico de empresarios de otra comunidad».
Por otro lado, en este escrito Correa vuelve a reconocer que él materializaba las dádivas que entregaba «en especies, viajes, ropa, regalos, etc.».
Asevera que la comunicación con el consistorio en relación a los encargos que éste hacía a las empresas vinculadas a la trama Gürtel la mantenía la que fuera administradora de varias de éstas Isabel Jordán, a quien, según afirma, otorgó «facultades» para decidir las gratificaciones «de los distintos trabajos que nos encomendaban».
Por último, el líder de la Gürtel explica que el exalcalde de Boadilla tenía una «obsesión diaria hasta el punto de convertirse en una adicción» de invertir en Bolsa.
Por ello, dice Correa, que González Panero le presentó a un «amigo suyo», Javier del Valle –que también figura en la lista de acusados–, ya que éste le «organizaba sus estructuras societarias y financieras».
Finalmente, Correa y González Panero acordaron crear una empresa para invertir en Bolsa y cada participante puso una «cantidad equivalente», cuya cifra no recuerda el líder de la Gürtel, aunque asegura que «no era muy importante».
En ese proyecto, según señala, además de los creadores de la sociedad, contribuyeron el asesor Javier del Valle, Tomás Martín Morales, José Galeote, a quien Correa «invitó» aportándole la parte que le correspondía, y Pedro Pérez, amigo del empresario.
«Realmente no tuvo ningún recorrido y al cabo de un tiempo se hizo el reparto de devolución a cada uno de los participantes, inclusive creo recordar que con una pequeña pérdida de lo que invertimos», concluye Correa.
ESTIMA SU CONDENA EN 13 AÑOS DE CÁRCEL Y CASI 2 MILLONES DE EUROS
Así las cosas, además de esta confesión, la defensa de Correa ha remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que también ha tenido acceso Europa Press, su escrito de defensa en el que «muestra conformidad con la redacción del ‘factum’ del Ministerio Fiscal», que solicita para el acusado 76 años y siete meses de prisión por las irregularidades en Boadilla del Monte.
El abogado de Correa afirma que los hechos son constitutivos de una veintena de delitos de cohecho, falsedad de documento mercantil, prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos.
No obstante, considera que cabe apreciar las atenuantes de colaboración, reparación y confesión, por lo que estima que la pena a imponer debe ser de 13 años y seis meses de prisión, 53 años y medio de inhabilitación especial, dos años de inhabilitación absoluta y 1.996.500 euros de multa.
