La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación ante el juzgado de instrucción número 53 de Madrid contra el auto que denegó la medida cautelar en la que solicitaba la retirada de un cartel electoral del VOX.
En la imagen se visualiza la imagen del rostro de una mujer mayor a quien se atribuye la condición de abuela y se imputa como coste económico en concepto de pensión la cantidad de 426 euros.
En contraposición, se plasma en el mismo cartel la imagen de menor extranjero no acompañado (mena) que representa a un joven «racializado de piel oscura con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo», a quien el coste que se atribuye al mantenimiento de estos menores es de 4.700 euros al mes.
A juicio de la Fiscalía, la caracterización de un menor no nacional en la forma que se visualiza en el cartel electoral, constituye «una estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa» hacia todo el grupo.
Considera que un menaje como este genera «hostilidad y el rechazo social hacia estos menores, su cosificación y deshumanización y constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo, lo que se ha hecho de manera pública al colocar el cartel en una de las estaciones de Metro de mayor afluencia de usuarios del servicio público de transporte». De ahí que en el recurso se señale que el cartel traspasa la libertad de expresión del anunciante.
Respecto a la afirmación de la juez de que el hecho denunciado no reviste apariencia delictiva, el recurso sostiene que el mensaje difundido tiene como objetivo «ahondar en la idea del coste social que supone un mena, enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, trasladando una imagen totalmente prejuiciosa de un menor extranjero y delincuente, dado que la imagen de una persona joven de piel oscura embozado y encapuchado es un concepto social común y estereotipado».
Añade incluso que la imagen utilizada en el cartel no es «baladí», puesto que resulta «evidente que lo buscado es la obtención de la predisposición social negativa hacia este colectivo, su deshumanización, basada en la idea prejuiciosa del carácter delincuencial de estos menores que a su vez impide la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, formando esta idea parte del discurso mantenido por algunos grupos sociales».
El escrito vuelve a pedir a la juez que se adopte como medida cautelar la retirada del cartel denunciado, «así como todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocados por el anunciante denunciado».
Y es que el Ministerio Público incide en que el carácter «básico» y «sustancial» del derecho a la libertad de expresión «no tiene un carácter absoluto cuando entra en liza con bienes jurídicos igualmente protegidos constitucionalmente».
La Fiscalía subraya que si se retiran los carteles la «dignidad» y «seguridad» del colectivo vulnerable de los menores no nacionales quedaría protegida sin vulnerar el derecho del partido político Vox de realizar propaganda electoral, puesto que «el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada solicita, puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña».
