La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado hoy a la Comisión Europea que exija a los partidos políticos que procedan a la renovación «sin dilación» del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).
La asociación, de la que es portavoz Ascensión Martín, se ha mostrado favorable a que se reforme el sistema de elección de los vocales judiciales para que sean elegidos por los jueces, «si bien, tras la obligada renovación», ha indicado en un comunicado.
Y es que, según explica, es partidaria de una reforma «con un estudio sosegado, para que se establezca un sistema duradero, permanente y consensuado, donde queden representadas todas las sensibilidades de la carrera judicial, y las/os juezas/jueces asociadas/os como las/os no asociadas/os».
Así se lo ha trasladado en la reunión telemática que han mantenido las principales asociaciones judiciales españolas con la Comisión Europea en el marco de la elaboración del informe anual sobre el Estado de Derecho.
El objetivo del encuentro es recabar sus opiniones sobre la situación de la Justicia en España.
JJpD también ha manifestado su opinión favorable a que se haya regulado la actuación del Consejo General del Poder Judicial en funciones, «para evitar su utilización e instrumentalización política, y con ello, se proceda de inmediato a la renovación de dicho órgano como exigencia constitucional a los partidos políticos».
A su juicio, «la independencia judicial en ningún caso se ve afectada» por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
En relación al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la asociación ha puesto de manifiesto que se trata de «una modificación legislativa esperada que unifica nuestro modelo de investigación criminal a los países europeos de nuestro entorno, si bien, se ha trasladado la necesidad de fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal«.
Por otro lado, la asociación ha valorado positivamente que el Ministerio de Justicia haya iniciado proyectos para la modernización de la Administración de Justicia con motivo de la provisión de fondos europeos, aunque matiza que «deberán ser proyectos que despierten consenso y en los que colaboren todos los operadores jurídicos implicados».
La Comisión también se ha interesado por el impacto de la pandemia de Covid-19 en la Administración de Justicia española. JJpD le ha trasladado, entre otras cuestiones, la incidencia en el retraso y suspensión de señalamientos en la jurisdicción Social y Mercantil.
Por último, JJpD apunta que todas las asociaciones han señala la ratio tan baja de jueces por habitante y se ha explicado a la Comisión que las competencias en materia de Justicia dependen en algunos territorios del Ministerio de Justicia y en otros de las Comunidades Autónomas.
