La Fiscalía Provincial de Madrid no tira la toalla en el caso del cartel de VOX comparando lo que gana una jubilada y lo que cuesta un menor extranjero no acompañado (MENA) y ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la magistrada Mónica García de la Cuesta de archivar provisionalmente la causa.
En el escrito la Fiscalía afirma que en las imágenes, símbolos y elementos comparativos que aparecen en el cartel subyace la idea de generar rechazo y de dar una respuesta social “negativa” hacia el colectivo doblemente vulnerable como es el de los menores extranjeros no acompañados.
El Ministerio Público distingue entre la “amplia” libertad de expresión permitida en el marco del discurso político y «la realización de actos no puntuales que provoquen una reacción negativa, injusta por discriminatoria y provocadora de del rechazo a un colectivo concreto”.
Y es que, en resumen, considera que eso es lo que ocurre con la naturaleza de los mensajes que contra el colectivo de los MENA se difunde con el cartel denunciado.
El recurso de apelación sostiene que el mensaje difundido tiene como objetivo “ahondar en la idea del coste que para la sociedad supone mantener a un MENA”. Lo que ocurre es que para alcanzar tal objetivo lo enfrenta a la imagen de una pensionista “cuestionando así su carácter ético y legal”.
Además, para ello, traslada una imagen “totalmente prejuiciosa” de un menor extranjero no acompañado como delincuente, “dado que la imagen de una persona joven de piel oscura, embozado y encapuchado, es la imagen de delincuente que socialmente se tiene incorporada”.
También descarta el hecho de que esta imagen entre desiguales responda al azar o a la mera casualidad ya que, en su opinión, evidencia “la búsqueda de la respuesta social negativa hacia este colectivo cuyos Centros se pretenden cerrar, so pretexto del carácter delincuencial generalizado de estos menores, que afirman imposibilitar la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, lográndose así su deshumanización individual y colectiva”.
Insiste la Fiscalía en que la caracterización de un menor no nacional tal y como se visualiza en el cartel publicitario, “generalizando el carácter delincuencial de los MENA”, constituye una estigmatización “negativa, intolerante y prejuiciosa” hacia todo el grupo que genera hostilidad y rechazo social hacia estos menores.
Añade incluso que constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo y de ahí que ponga de manifiesto que se ha traspasado el límite de la libertad de expresión del anunciante.
