La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado una instrucción para agilizar la respuesta procesal de la Fiscalía en relación con el levantamiento del estado de alarma.
Es la Instrucción 1/2021 sobre criterios de actuación en los recursos contencioso-administrativos en relación con la entrada en vigor del Real decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo.
En ella analiza el citado Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, y se establecen pautas a los fiscales para unificar la respuesta procesal inmediata ante el nuevo escenario de recursos que contempla el texto normativo, estableciendo cauces de comunicación directos con el fiscal de Sala de lo Contencioso-administrativo a través de la red de delegados desplegada por todo el territorio.
La instrucción, dictada ayer, busca coordinar la labor del Ministerio Fiscal y asegurar la celeridad en el planteamiento de las cuestiones que lleguen al Tribunal Supremo.
El decreto prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo las medidas que adopten las comunidades autónomas que limiten o restrinjan derechos fundamentales para hacer frente al coronavirus.
