Francisco Nicolás Goméz Iglesias, más conocido como el ‘pequeño Nicolás’, ha declarado hoy en el juicio por su viaje en 2014 a Ribadeo (Galicia) presuntamente haciéndose pasar como enlace entre el Gobierno y la Casa Real que su objetivo fue aparentar que era «una persona importante», pero no una autoridad oficial.
«Quería tirarme el pisto», ha dicho ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17).
Gómez Iglesias ha explicado que su intención era únicamente impresionar al presidente de ALSA, Jorge Cosmen, con quien había programado una reunión que tuvo lugar el 13 de agosto de 2014 en el Club Náutico de Ribadeo.
«Lo que yo quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo porque, con la edad que yo tenía entonces, con esa inmadurez, lo que quería era asemejarme a los mayores, tener más poder, por así decirlo, creerme poderoso», ha justificado.
No obstante, ha incidido en que «nunca» pretendió fingir que era una autoridad, señalando al fiscal que el cargo que le imputa haber usado, el de enlace entre Casa Real y Gobierno, no existía.
«En esa época no tenía el tratamiento psiquiátrico que tengo desde hace años. Yo en ese momento creía que tenía que ampliar mi poder. Para que me hiciera caso decidí organizar la comitiva», ha añadido.
También ha negado que usara unas acreditaciones falsas del Ministerio de Interior, que según la Fiscalía habría elaborado él mismo, para la comitiva de coches con la que se desplazó a Ribadeo, incluidos cuatro vehículos alquilados por el propio Gómez Iglesias.
Según ha descrito, eran un mero «folio plastificado donde ponía ‘coche uno’ y abajo la matrícula en grande».
«Era lo único que ponía, no ponía nada más porque quería parecer una comitiva como las que hace la UEFA porque son así, no pone ningún distintivo», ha expuesto.
La defensa del joven la ejerce el letrado Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
La Fiscalía Provincial de Madrid acusa al joven de usurpación, cohecho y falsedad en documento oficial y pide siete años de prisión. Además, reclama una multa que ronda los 81.000 euros.
El Ministerio Público lo acusa de haber organizado un almuerzo con ese empresario en la localidad gallega de Ribadeo, al que acudió haciéndose pasar por enlace entre el Gobierno y la Casa Real, para lo que tuvo que falsificar varios documentos oficiales.
La acusación popular que ejercitan la Asociación Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos solicitan 11 años de cárcel para el ‘pequeño Nicolás’; la Abogacía del Estado reclama 21 meses de prisión y una multa, mientras que Ayuntamiento de Madrid, tres años y medio.
También se sientan en el banquillo de los acusados Jorge G. H., cabo de la Policía Municipal de Madrid, destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, y Carlos P. L-D, Policía Municipal de Torrijos (Toledo), a quienes la Fiscalía acusa de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
La Fiscalía reclama para ellos cinco años y medio de prisión, una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años.
La detención del ‘pequeño Nicolás’ el 14 de octubre de 2014 derivó en diferentes procedimientos judiciales.
Tiene pendientes otras dos causas.
En 2018 fue absuelto de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente.
