La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en la pieza separada número 8 de ‘Púnica’ ha solicitado al juez una batería de diligencias antes de que cierre la instrucción, entre las que pide la declaración en calidad de investigada de María Dolores de Cospedal dado que fue consejera de Transportes e Infraestructuras en la Comunidad de Madrid en 2004.
La acusación responde así a la premura del magistrado Manuel García Castellón por culminar esa pieza relativa a los hechos referentes a la etapa de Francisco Granados, exconsejero y principal investigado de Púnica, en la Comunidad de Madrid.
Además de esa imputación, en el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita una serie de diligencias que demandan desde agosto de 2020 y que incluyen la declaración como investigado del que fuera diputado regional del PP Jaime González Taboada por adjudicaciones en el marco del Plan Prisma, y nuevas declaraciones tanto del expresidente Ignacio González como de su hermano Pablo González y de su cuñado Juan José Caballero Escudier.
También solicitan las comparecencias de los responsables de Tecnoconcret José Antonio Clemente y Fernando Serrano, y de los responsables de Elitesport SA, como investigados por la adjudicación con cargo al Plan Prisma de contratos relacionados con campos de fútbol de la Comunidad de Madrid.
A esto suma que se requiera diversa documentación relativa a registros y datos del registro mercantil sobre determinadas empresas beneficiadas por adjudicaciones, así como oficios policiales relativos a escuchas.
Esta parte recuerda en su escrito que en la pieza 8 se indaga también en las adjudicaciones de la empresa pública Mintra que se producen entre abril y enero de 2005, período en el que Granados era consejero de Transportes.
Indica que esas adjudicaciones parecen realizadas tomando en consideración el precio de licitación «pero esto no deja de ser una estratagema, pues posteriormente mediante el recurso a modificados y complementarios, a todas luces excesivos, el precio real de ejecución se dispara».
Por este motivo, y dado que «aunque el plan presuntamente ilícito se diseña e inicia en 2004 y hasta enero de 2005 con las adjudicaciones iniciales, resulta evidente que la ejecución del plan se consuma con los sucesivos modificados y complementarios que se aprueban de julio de 2005 a agosto del 2006″.
Puesto que Mintra está adscrita a la Consejería de Transporte y dado que la presidencia de los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entes institucionales corresponde al consejero, recuerdan que desde diciembre de 2004 y hasta el 13 de junio de 2006, ese cargo lo ocupó Cospedal.
«La consumación del plan puesto en marcha por Granados se produce siendo Consejera Cospedal, pues es bajo su mandato cuando se aprueban y firman todos los modificados y complementarios, salvo el último de Metro norte, que se aprueba en agosto de 2006 ya bajo el mandato de Elvira Rodríguez como Consejera de Transportes», inciden.
