VOX ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno a abstenerse de reformar el sistema de acceso a la función pública en lo relativo a la eliminación o disminución de las exigencias de las pruebas memorísticas y su sustitución por otras metodologías sujetas a criterios subjetivos e indeterminados, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
«VOX defiende el actual modelo de acceso a la función pública frente al riesgo de que se introduzcan elementos subjetivos o políticos en él», ha señalado a Confilegal el diputado Eduardo Luis Ruiz Navarro, uno de los firmantes de la iniciativa.
Tilda la propuesta del Gobierno de «poco fiable».
Según informa, «VOX no está en contra de complementar el actual modelo memorístico con otro tipo de pruebas que valoren otras facetas del opositor», pero subraya que «en ningún caso debe esto suponer la sustitución de las primeras por las segundas».
El texto, registrado el pasado 4 de junio, lo firman también los diputados José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, y Juan Carlos Segura Just.
LA PNL DE VOX PARA DESCARGAR
El partido liderado por Santiago Abascal señala que el sistema actual de acceso a la función pública «tiene deficiencias que quizá requieran de cambios sustanciales en su aplicación y estructura».
«No obstante, la memoria es un elemento consustancial y necesario del saber. Por mucho que la información, hoy en día, esté al alcance de la mano, su comprensión y efectiva aplicación requiere de memoria. Y, en el mismo sentido, la memoria revierte en eficacia –razón que principalmente fundamenta la reforma planteada por el Gobierno-, pues conocer el contenido, ubicación y normativa reguladora conlleva una operatividad infinitamente más ágil», expone.
Para VOX, el sistema actual del concurso oposición «asegura de manera fiable la objetividad en los sistema de acceso a la función pública, elemento indispensable y principio consagrado en la Constitución».
Recuerda la sentencia del Tribunal Supremo número 2738/2004, de 23 de septiembre de 2002, que señala que «dada la necesaria y recíproca relación entre este precepto [el artículo 23.2 CE] y el 103-3 de la Constitución, de su juego se desprende que además de la de definición genérica de los requisitos o condiciones necesarias para aspirar a los distintos cargos y funciones públicas, la Constitución impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que no sea referible a los conceptos de mérito y capacidad de manera que pudieran también considerarse violatorias de dicha igualdad todas aquellas que, sin esas referencias, establezcan una diferencia entre los españoles”.
VOX destaca que todo ello hace necesario poner de relieve «las virtudes de nuestro sistema de acceso a la función pública que tanto reconocimiento mundial de sus cuerpos integrantes ha conllevado».
«Esperemos que el Gobierno rectifique y aplique la máxima de que ‘lo que funciona, no se toca'», concluye Eduardo Luis Ruiz Navarro.
