El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha recibido 3.021 reclamaciones entre enero y septiembre de 2026, un 75 % más que durante el mismo periodo de 2025. La cifra constituye un récord histórico y supera las 2.767 reclamaciones registradas durante todo el año pasado.
El dato refleja que los ciudadanos recurren cada vez más a esta autoridad independiente cuando las administraciones públicas deniegan sus solicitudes de información, responden de manera insatisfactoria o, sencillamente, guardan silencio.
Sin embargo, este crecimiento está generando un problema importante: el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública continúa funcionando prácticamente con el mismo presupuesto y la misma plantilla que tenía hace tres años.
Su presidenta, Concepción Campos Acuña, ha advertido de que la situación puede resultar insostenible si no se refuerzan los recursos disponibles.
«Las cifras evidencian una realidad agridulce: por un lado, reflejan que la ciudadanía conoce cada vez mejor su derecho a saber y lo ejerce, lo que sin duda es muy positivo; pero por otro, la función de garantía que desempeña el Consejo no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales», ha declarado.
Siete de cada diez reclamaciones afectan al Estado
La mayor parte de las reclamaciones recibidas durante los primeros nueve meses de 2026 están relacionadas con solicitudes de información dirigidas a la Administración General del Estado. En concreto, 2.088 expedientes, cerca del 70 % del total, corresponden a ministerios y entidades del sector público estatal.
Las otras 933 reclamaciones se refieren a administraciones autonómicas y locales de los territorios que han delegado esta competencia en el Consejo mediante convenio: Asturias, Illes Balears, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla.
El CTBG interviene cuando un ciudadano considera vulnerado su derecho de acceso a la información pública.
Este derecho, regulado por la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, permite solicitar información que obre en poder de las administraciones y demás entidades sujetas a la norma, con los límites y excepciones legalmente establecidos.
Cuando la respuesta no satisface al solicitante, este puede presentar una reclamación ante la autoridad competente en materia de transparencia. Se trata de un mecanismo de garantía que permite revisar las decisiones administrativas sin necesidad de acudir directamente a los tribunales.
Las reclamaciones se duplican en apenas dos años
Los datos publicados por el Consejo muestran que el crecimiento se ha acelerado considerablemente durante los últimos ejercicios. Entre enero y septiembre de 2024 se registraron 1.473 reclamaciones. En el mismo periodo de 2025 fueron 1.726 y, en los nueve primeros meses de 2026, la cifra ha alcanzado las 3.021.
La evolución del tercer trimestre resulta especialmente significativa. Solo entre julio y septiembre de este año, el Consejo recibió 1.263 nuevas reclamaciones, un 27 % más que durante el trimestre anterior y el doble que en el mismo periodo de 2025.
Este crecimiento contrasta con la evolución relativamente moderada registrada hace apenas dos ejercicios. En 2024, el organismo recibió 1.973 reclamaciones durante todo el año, un 4,6 % más que en 2023. En 2025, el incremento anual se elevó hasta el 40 %.
La tendencia apunta, por tanto, a un aumento sostenido de la utilización de los mecanismos de garantía del derecho a la información.
Un presupuesto de 3,38 millones congelado desde 2023
El presupuesto del Consejo permanece invariable desde 2023, con 3,38 millones de euros anuales, mientras que su plantilla continúa integrada por una treintena de empleados públicos.
Esta situación preocupa a su presidenta, especialmente porque no solo está aumentando el número de reclamaciones, sino también la complejidad de las cuestiones jurídicas que debe resolver la institución.
«Además del incremento cuantitativo, hay que tener en cuenta la creciente complejidad de los asuntos que llegan al Consejo. Garantizar el derecho de acceso en plazo y con calidad exige una dotación de recursos acorde con esta realidad», ha señalado Concepción Campos.
La cuestión va más allá de un problema de organización interna. El derecho a conocer cómo actúan las administraciones públicas necesita un organismo de garantía capaz de resolver las reclamaciones de manera eficaz y dentro de los plazos establecidos.
Mucho más que resolver reclamaciones
La actividad del Consejo no se limita a examinar las quejas de los ciudadanos. La Ley de Transparencia también le atribuye funciones de supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de las entidades públicas y privadas sujetas a la normativa.
Esto significa comprobar si publican la información que están obligadas a difundir sin necesidad de que nadie la solicite.
Asimismo, el organismo elabora recomendaciones y criterios interpretativos, responde consultas y desarrolla actividades de formación y sensibilización dirigidas a empleados públicos.
Durante 2025, el Consejo resolvió 2.234 reclamaciones y evaluó a cerca de 400 entidades en materia de publicidad activa, además de ejercer el resto de sus competencias.
El balance de 2026 deja así una conclusión: el derecho de acceso a la información pública se está utilizando cada vez más, pero la institución encargada de protegerlo no ha experimentado un crecimiento equivalente de sus recursos.
El desafío ya no consiste únicamente en que los ciudadanos conozcan su derecho a saber, sino en garantizar que puedan ejercerlo de manera efectiva.
