El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) afronta un fuerte incremento de las reclamaciones relacionadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entre enero y junio de 2026 recibió 1.758 reclamaciones, un 60 % más que durante el mismo periodo de 2025.
De los expedientes recibidos, 1.211 corresponden a reclamaciones contra ministerios y entidades públicas estatales, mientras que otros 547 afectan a Administraciones, organismos y entidades autonómicas y locales de comunidades que han atribuido al Consejo esta competencia mediante convenio.
El aumento no es puntual. Durante 2025 el organismo recibió 2.767 reclamaciones, un 40 % más que el ejercicio anterior, y la tendencia se ha acelerado en 2026. Solo durante mayo entraron 343 reclamaciones, un 80 % más que en el mismo mes del año anterior.
Un crecimiento afianzado de la cultura de transparencia
La presidenta del CTBG, Concepción Campos Acuña, considera que este crecimiento refleja el afianzamiento de la cultura de transparencia entre los ciudadanos, pero advierte de las consecuencias que está teniendo para la institución.
Según Campos, garantizar el derecho de acceso «en plazo y con calidad» requiere una dotación de recursos adecuada al volumen real de trabajo. A ello se suma una creciente complejidad de los expedientes, derivada, entre otros factores, de las nuevas demandas de información relacionadas con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial y su utilización por las Administraciones.
El problema reside en que ese incremento de actividad no ha venido acompañado de un aumento de medios. La plantilla del Consejo, integrada por una treintena de personas además de la Presidencia, permanece invariable desde 2023, al igual que su presupuesto, fijado en 3,38 millones de euros.
El CTBG ejerce estas funciones de garantía al amparo de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, además de evaluar las obligaciones de publicidad activa, elaborar criterios interpretativos y recomendaciones y atender consultas de los sujetos obligados.
