La crisis del coronavirus está siendo muy diferente a la financiera del 2008. En el sector legal, que logró salir de la gran recesión con todas las plumas, la situación actual está marcando la necesidad de afrontar un salto a la modernización, más obligado que decidido.
Exigencia que pasa por una mayor eficiencia y productividad tecnológica y un control creciente sobre los costes, tanto en las asesorías jurídicas como en los despachos de abogados.
En este sentido, la pandemia representa «una fuerza imprevista que ha sido tanto un catalizador del cambio inmediato en respuesta a la crisis como una máquina del tiempo que ha acelerado permanentemente la transformación de la profesión jurídica».
Así lo revela el informe ‘El abogado del futuro 2021’, elaborado por Wolters Kluwer, que proporciona una perspectiva única de las firmas y las asesorías jurídicas corporativas en este contexto.
Entre las principales conclusiones de la encuesta, cerrada en marzo de 2021, momento en el que se empieza a tener en consideración el impacto en muchas organizaciones y en la propia profesión, destaca que el uso de la tecnología para garantizar el rendimiento ha pasado a ser una prioridad. Ya lo fue al inicio de la crisis, con la implantación del teletrabajo, pero la presión a los abogados por obtener buenos resultados está sirviendo como acicate para invertir cada vez más en nuevas soluciones de negocio.
Prueba de ello es que las dos nuevas tendencias más importantes citadas por el 77% de los profesionales jurídicos encuestados hacen referencia a una importancia cada vez mayor de la tecnología jurídica y una necesidad de hacer frente al volumen y complejidad de la información. No obstante, únicamente el 30% de las organizaciones estaban realmente preparadas para apoyar a sus clientes de forma remota en el inicio de la crisis.
Ante esta falta de soluciones, la importancia que confieren los departamentos legales de las empresas a la inversión tecnológica lleva a que el 91% se plantea preguntar a las firmas sobre los procesos y herramientas que emplean antes de contratarlos. Demanda que la mitad de estas áreas jurídicas esperan atender incrementando su inversión por encima del 51% durante este año, frente al 60% estimado por los despachos.
Algunas de las aplicaciones que tienen previsto impulsar unos y otros están relacionadas con herramientas colaborativas para redactar y revisar contratos, automatización en la creación de documentos y procesos o servicios basados en la nube. A este respecto, un 74% de los bufetes está apostando por nuevas tecnologías para apoyar las operaciones y el trabajo de los clientes.
Este proceso de digitalización coincide con un vacío entre las expectativas del cliente y lo que recibe del despacho. Diferencia que viene de tiempo atrás y se traduce en que menos de un tercio de los despachos cumplen de forma muy satisfactoria con aspetos como la confianza, especialización de sus servicios, uso de la tecnología, eficiencia y equipamiento. Como consecuencia, la mitad de los abogados corporativos reconoce estar más o menos satisfechos con su proveedor legal.
En un contexto marcado por una mayor presión sobre los costes y gasto legal por parte de las empresas, que pretenden recortar un 20% el presupuesto de sus asesorías durante el presente ejerciico, lo que repercute directamente sobre la contratación de despachos. Del mismo modo, el 40% de los abogados afirmaron en el informe que su actividad disminuyó y un 51% no cree que la actividad vaya a volver a los niveles previos a la pandemia hasta 2022. Adicionalmente, el 61% de las organizaciones jurídicas han recortado costes el año pasado. Situación que obliga a acelerar la digitalización para no perder capacida productiva.
