Ciudadanos denuncia que el Gobierno «incumple» la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -antiguos secretrarios judiciales- a sus nuevas funciones.
Así lo manifiesta a Confilegal Edmundo Bal Francés, vicesecretario general de Ciudadanos, portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados y portavoz de Justicia del partido, que es abogado del Estado en servicios especiales.
Destaca que existe un mandato legal de la norma presupuestaria, pero que «faltan detalles temporales, de forma y de cuantía».
Por ello, Bal ha formulado en el Congreso una pregunta parlamentaria escrita sobre este asunto. La registró el lunes.
Pregunta al Gobierno qué plazo temporal maneja para dar cumplimiento a la disposición adicional centésima quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 sobre adecuación de las retribuciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
También quiere saber «cuál es la fórmula o fórmulas que el Ejecutivo está barajando para dar cumplimiento a dicho mandato legal» y «si considera que la negociación de complementos específicos que afecta, entre otros, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia es equivalente a la adecuación salarial de dicho cuerpo, pese a lo establecido en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021″.
Preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Ciudadanos recuerda en la exposición de motivos que el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha asumido en los últimos tiempos nuevas funciones derivadas de diversas reformas procesales y organizativas y que, por tanto, «las asociaciones que representan los intereses de estos profesionales venían demandando la actualización de sus retribuciones salariales a estas nuevas funciones».
Indica que de hecho, en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021, se incluyó una disposición adicional, la centésima quincuagésima séptima, que «versaba precisamente sobre la adecuación del complemento específico del personal al servicio de la Administración de Justicia y sobre la adecuación salarial de este cuerpo a sus nuevas funciones».
Sin embargo, Bal critica que «se mantuvo intencionalmente ambigua la referencia al horizonte temporal y a la forma en la que se produciría esa adecuación, puesto que se menciona que ‘el Gobierno adoptará los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la presente disposición'».
«Es decir, existe un mandato legal de la norma presupuestaria, pero faltan detalles temporales, de forma y de cuantía», subraya.
Además, indica que «de acuerdo a lo expresado por las asociaciones que representan a los profesionales de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia había puesto sobre la mesa una oferta de subida salarial lineal aplicable a través de un incremento del complemento específico por una cuantía de 2.016 euros anuales, con carácter retroactivo a 1 de enero de 2021″.
Bal destaca que estas asociaciones consideran dicha actualización «cuantitativamente insuficiente en términos comparados con otros cuerpos, además de afirmar que esa propuesta se refiere al complemento específico, pero no trata la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados en relación a las nuevas funciones asumidas a la que también hace referencia dicha disposición adicional de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021″.
Apunta que estas asociaciones estaban manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia para aterrizar estos detalles, pero que «los cambios en el Ejecutivo han paralizado esos contactos».
«Resulta indignante que el Gobierno engañe a altos cuerpos de la administración de Justicia que realizan funciones tan relevantes (por ejemplo, entre otras, la de Registro Civil) prometiéndoles una retribución adecuada que después no cumple», sentencia Edmundo Bal.
