Nueve magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo han dirigido un escrito al presidente de la Sala, César Tolosa Tribiño, en el que solicitan que sea el Pleno, en lugar de una Sección de la Sala Tercera, el que resuelva los recursos interpuestos por PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Los magistrados firmantes son José Antonio Montero, Segundo Menéndez, José Luis Requero, Inés Huerta, Rafael Fernández Valverde, Eduardo Calvo, Antonio Jesús Fonseca, Francisco José Navarro y Rafael Toledano.
Todos ellos coinciden, según fuentes consultadas por Confilegal, en que es necesaria la avocación de este asunto al Pleno de la Sala «por razones, entre otras, de deferencia institucional, como así acaeció en el caso del nombramiento del también fiscal general del Estado D. Eligio Hernández», en 1994.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo está integrada por 28 magistrados, de manera que el hecho de que lo pidan solo nueve no sería suficiente para que el asunto sea elevado a Pleno, ya que se exige que al menos sea solicitado por la mayoría (mitad más uno) o, en su caso, por el presidente. Si se rechaza, el asunto lo resolvería la Sección Cuarta.
En caso de que se rechace su petición, avanzada por El Mundo, los magistrados reclaman que «se informe de las razones por las que en este supuesto -a diferencia de lo sucedido con Eligio Hernández- la Sala se aparta del precedente».
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya rechazó en enero la propuesta de inadmisión –realizada por la Abogacía del Estado– del recurso del PP, en el que pidió que se anulara el nombramiento de Delgado por su vinculación con el PSOE, partido del que fue diputada y ministra de Justicia.
El tribunal, en su auto, denegó la inadmisión del procedimiento, por el momento, y aplazó la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto «al momento de dictar sentencia».
A juicio del PP, que solicita la anulación el Real Decreto por el que se nombró a Delgado, la actual fiscal general no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía.
Por su parte, Vox basó su recurso en que el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el nombramiento de Delgado «no puede considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».
Y es que, según el partido, «expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad».
