2020 fue un año de luces y sombras para BDO.
Por un lado, la sentencia contra la cúpula directiva de Pescanova supuso un duro golpe para su filial de auditoría, condenada a resarcir de forma solidaria a los inversores de la compañía como autora-responsable de “un delito de falseamiento de información económica y financiera”.
Sentencia que se encuentra actualmente recurrida.
Por otro, la división de abogacía cerró su ejercicio fiscal a fecha del 31 de agosto de 2020 con un incremento superior al 11% en su facturación, que alcanzó los 31 millones de euros.
Aunque ya son varios los años que acumula BDO Abogados creciendo a doble dígito, el protagonizado en la parte más dura de la pandemia fue el segundo más destacado de la abogacía de los negocios en España, sólo por detrás del 17,4% alcanzado por Sagardoy.
En cualquier caso, si se echa la vista atrás, es posible constatar que la gestión desempeñada por Enrique Azorín ha permitido a la firma duplicar su volumen de negocio en siete años, toda vez que en 2014 ingresó 14,4 millones de euros.
Durante este tiempo se ha especializado en prácticas como tributario y mercantil, si bien recientemente ha creado un área de Operaciones Legales.
El equipo está dirigido por Javier Gómez-Ferrer y presta apoyo en Legal Project Management, Legal Managed Services y Legal Operations Consulting.
De los 433 trabajadores que tenía en 2020, 250 trajan en las oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
El mantemiento de la estructura de personal acarreó unos gastos 21,9 millones de euros, frente a 18,9 millones del año anterior.
A esta cifra se sumaron unos costes de explotación por valor de 5,2 millones de euros, que llegaron al despacho a arrojar un beneficio de 962.751 euros, un crecimiento interanual del 17%.
