Los esfuerzos por situar al arbitraje español en el centro del mapa mundial se empiezan a notar. Lo que hace unos años era una ambición nacional, posicionar a Madrid a la altura de urbes de referencia como Londres o París, hoy empieza a contar con el respaldo del mercado internacional.
Para entender el paso al frente que ha dado España en esta materia hay que tener presente varios factores. El primero de ellos es el reciente espaldarazo del Tribunal Constitucional a la legitimidad de las decisiones adoptadas en laudos arbitrajes.
Al limitar la intervención de la justicia ordinaria a posibles irregularidades en el proceso, pero nunca en el contenido, la doctrina despeja cualquier posible duda sobre la eficiencia e independencia de este método extrajudicial. Ello cuando representaba una de las principales trabas para el correcto desarrollo de la actividad en nuestro país.
Al mismo tiempo, esta sentencia contribuye a fomentar el liderazgo de España como centro internacional de resolución de conflictos comerciales, tanto en el ámbito europeo como en el latinoamericano para competir.
Como secretario general de la Corte Española de Arbitraje (CEA), Adolfo Adolfo Díaz-Ambrona celebra la seguridad jurídica avalada por el Constitucional. “La piedra angular para que el arbitraje tenga éxito es la confianza, es decir, que quien vaya a introducir en su contrato una cláusula de arbitraje tenga la confianza de que sus derechos y obligaciones van a ser debidamente garantizados y salvaguardados”.
Además de la legislación, para este referente del arbitraje en nuestro país concurren las circunstancias idóneas para que el arbitraje pueda desarrollar un potencial enorme. Entre ellas destaca el hecho de contar con unas instituciones que generan transparencia, independencia, imparcialidad, eficiencia y confianza. “Estas cinco características, entre otras, son esenciales y las que a día de hoy pueden predicar sin ningún tipo de problema”.
Las solicitudes de arbitraje se disparan en pandemia
Otra de las ventajas que ofrece España, o más concretamente Madrid, respecto a otras capitales del arbitraje son unas leyes amigables para las empresas y unos costes más asequibles. En comparación con un juicio ordinario, donde un litigio tipo de 200.000 euros ronda los 30.000 euros y requiere de 730 días de media para resolverse, el coste de un proceso será de 21.632 euros y su duración es de diez meses.
Según datos del propio CEA, estas cifras están por debajo de las registradas por Francia (28.000 euros de media y 340 días para la resolución) o Reino Unido (66.000 euros y 357 dias). «España está adquiriendo peso porque los profesionales que se dedican a intervenir en el arbitraje son cada vez más expertos, y ese es el camino para lograr que sea una opción más», sostiene Bernardo María Cremades, socio fundador del despacho Cremades & Asociados.
¿Ha contribuido la pandemia a fomentar una mayor cultura del arbitraje? Los expertos no se ponen de acuerdo. Mientras Cremades considera que no ha tenido reflejo en la práctica, ni a nivel doméstico ni internacional, Díaz-Ambrona cree que sí ha propiciado un aumento de las solicitudes.
Sin ir más lejos, en el caso particular de la CEA tan solo en el primer semestre de 2021 el número de asuntos tramitados se ha visto triplicado respecto a los ejercicios 2019 y 2020. «Atribuimos este incremento a nuestros avances en digitalización y al creciente colapso judicial como consecuencia de la pandemia», indican desde la insititución.
Como resultado de todo lo anterior, Madrid ha sido reconocida por primera vez como potencia emergente del arbitraje en el estudio 2021 International Arbitration Survey, de la Universidad Queen Mary de Londres en colaboración con White & Case.
A este rec0nocimiento cabe unir la presencia de firmas como Cremades & Asociados, Uría, Cuatrecasas o Garrigues en el ranking GAR 100, elaborado por la Global Arbitration Review.
Carlos de los Santos, socio responsable del departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues y recién nombrado miembro de la Corte Internacional de Arbitraje en representación de España, muestra su satisfacción ante un «reconocimiento a un equipo global, compuesto por profesionales de todas las oficinas de Garrigues, que nos permite dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes con independencia de la sede, idioma o ley del arbitraje, bien sea comercial internacional o de inversión».
En el caso de Uría, la firma ha asesorado en 2020 y 2021 a empresas internacionales y a Estados soberanos en conflictos de gran complejidad. Asuntos que alcanzan un valor conjunto de más de 36.000 millones de dólares, tanto en arbitrajes comerciales como en arbitrajes de inversión y en procedimientos judiciales vinculados a arbitrajes internacionales.
