Las asociaciones de jueces y fiscales advierten de que, dada la situación actual en Afaganistán con la llegada al poder de los talibanes, aproximadamente 270 mujeres que ejercen la actividad jurisdiccional están «en el punto de mira», no sólo por su labor sino por el hecho de ser mujeres. Piden a los países democráticos que utilicen los mecanismos internacionales necesarios «para lograr su seguridad y en su caso la salida del país y su refugio en condiciones dignas».
En un comunicado conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, recuerdan que esas mujeres afganas juristas ya han sido objeto de amenazas e incluso de atentados contra su vida como ocurrió en enero «cuando fueron asesinadas dos juezas del Tribunal Supremo de Afganistán».
Recalcan que la labor de éstas para establecer el estado de derecho en el país, base de un estado democrático, las convierte en objetivo y amenaza su libertad, su vida y la de sus familiares más cercanos «ya que su actividad ha sido pública y es conocida su identidad», al igual que ocurre con fiscales y abogadas.
Por eso, las asociaciones «ante la extrema gravedad de los hechos» muestran su grave preocupación por la situación de los derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños tras la toma de la mayoría del país por los talibanes. Recuerdan que ya Amnistía Internacional indicó que las afganas que sufrieron el control de los talibanes entre 1996 y 2001 vivieron «presas dentro de sus hogares e invisibles en el espacio público».
«En las últimas dos décadas las mujeres comenzaron a ser reconocidas nuevamente como sujetos de derechos en igualdad de condiciones y ello con la Constitución de 2004. Ahora, la situación puede volver a ser dramática tras la salida de las fuerzas desplegadas por varios países y la toma de la ciudad de Kabul, entre otras, por parte de los talibanes», lamentan.
Y citan a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para subrayar que si los fundamentalistas optan por volver a imponer las normas que imperaban en el país hasta la entrada de las fuerzas internacionales en 2001, «las mujeres tendrán prohibido, entre otras cuestiones, acudir a la escuela, deberán cubrir su cuerpo íntegramente con el burka, no podrán salir a la calle si no están acompañadas por un varón de su familia y no podrán trabajar».
LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES DISIENTE
La única asociación profesional que no ha suscrito el comunicado ha sido la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Su portavoz, Juan Antonio Frago considera que no va a ningún lado.
«¿Se envía a los talibanes? ¿A la ONU? ¿A embajadas?», se pregunta. Y añade: «En otro orden, ¿por qué solo a mujeres? ¿No corre riesgo ningún juez que haya condenado a un talibán?¿?Alguien sabe si hay siquiera mujeres fiscales o abogadas allí? ¿Por qué seguir con los jueces como el centro del universo? Corre menos riesgo la alcaldesa de la capital que una mujer jueza«.
«Razones por las que no hemos firmado?», concluye.
