La Corte de Apelaciones de Sassari (Cerdeña) ha emitido una providencia con fecha de 24 de septiembre por la que ordena la «liberación inmediata» del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y le cita para una vista el 4 de octubre a las 11.30 horas para decidir sobre su extradición a España.
Sostiene la presidenta de la Corte, Plinia Azzena, que sigue gozando de la inmunidad propia de un europarlamentario y por lo tanto debe prevalecer su derecho a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, «garantizadas por la inmunidad, aún intacta».
En el escrito de tres páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, se destaca que no puede tomar medidas cautelares en su contra y alude al auto del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del 20 de julio de 2021 para recordar que éste establece que puede viajar con libertad.
Recuerda asimismo que en enero de 2021 las autoridades judiciales belgas ya se negaron a ejecutar una orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el conseller Lluis Puig alegando que podría socavar sus derechos fundamentales, y eso que él ni si siquiera disfrutaba de inmunidad parlamentaria.
Apunta que, dado que el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, elevó en marzo al tribunal europeo una cuestión prejudicial para conocer si se podía denegar la entrega de una persona sobre la que pesara una OEDE, «se desprende –por tanto– que el procedimiento penal de quo ha sido suspendido».
SUSPENSIÓN A LA ESPERA DE LA DECISIÓN PREJUDICIAL
Añade que de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la decisión prejudicial implica la suspensión del procedimiento nacional hasta que se dé un pronunciamiento sobre la cuestión prejudicial.
Y apunta que puesto que la solicitud de una decisión prejudicial se refiere a la ejecución de órdenes de detención europeas dictadas en el marco del proceso penal mencionado, «los usuarios pueden creer que la suspensión de este procedimiento conlleva la suspensión de la ejecución de dichos mandatos» de detención.
Tras esto, especifica cuando y de qué forma se produjo el arresto en la tarde noche de ayer en Alguer (Cerdeña) y especifica que toma nota de que el detenido «no consiente la entrega a España». Resuelve que no adopta medidas cautelares contra Puigdemont y advierte de que no han sido solicitadas por la fiscalía porque comprometería de forma «grave» su derecho «a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, garantizadas por la inmunidad, aún intacta, siempre desde el artículo 9 segundo párrafo del protocolo número 7».
Entretanto, la Fiscalía de Bruselas ha recordado a través de un comunicado que también hay un proceso abierto en los tribunales de Bélgica para decidir sobre la entrega de Puigdemont a la Justicia española, aunque este caso se encuentra «suspendido» a la espera de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad del reclamado.
