Uría Menéndez se ha hecho con el contrato del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para servir de apoyo jurídico en la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española.
En la reunión celebrada el pasado 24 de septiembre, se decidió que el despacho sea el encargado de poner en marcha los mecanismos legales precisos para garantizar la ejecución ágil de las inversiones y reformas en la recta final de este año.
Para la realización de este servicio, Uría percibirá alrededor de 605.000 euros por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETELECO), organismo dependiente de Economía. Esta cantidad supondrá un ahorro de más de medio millón de euros para el organismo, que había presupuestado 1,1 millones (impuestos incluidos) para esta contratación.
La mesa de contratación encargada de analizar las ofertas ha concluido que la de la firma presidida por Luis de Carlos era más viable que la planteada por PwC, que fue excluida por presentar «una oferta que no sólo no se ajusta a las exigencias del pliego, sino que es incongruente con las necesidades derivadas del servicio».
La justificación de este contrato se encuentra en la propia redacción, meses atrás, del plan de recuperación, que fue motivo de un trabajo concienzudo y minucioso. A través de esta guía estratégica, que plantea un centenar de reformas a nivel estructural, el Gobierno pretende canalizar los 19.000 millones de euros que corresponden a España dentro del despliegue de fondos de la Unión Europea.
Con la aprobación de la Comisión Europea el pasado julio se activó una cuenta atrás para provisionar los recursos personales y materiales necesarios para la puesta en marcha del plan. Ante la urgencia por alcanzar la máxima eficacia en su gestión, derivada de la situación actual, desde el principio se ha buscado agilizar la ejecución de los fondos y eliminar los conocidos como ‘cuellos de botella’ de la administración.
Sabedor de que la clave para superar los posibles escollos derivados de la regulación actual radica en la exigencia de contar con instrumentos de ejecución y control ágiles, el Ejecutivo ha tratado de poner en marcha un marco normativo, financiero, presupuestario y de gobernanza específico de cara a garantizar un entorno jurídico y administrativo favorable. Por ejemplo, el objetivo del Real Decreto-ley 36/2020 es reducir las principales barreras mediante una mayor colaboración público-privada.
Así, dentro del ámbito de actuación de la SETELECO, apuesta por acelerar la transformación digital en todo el territorio nacional e implementar el plan “España, Hub Audiovisual”. En este sentido, Uría pondrá la capacidad técnica de su equipo de profesionales para asesorar en la elaboración de manuales de procedimiento jurídicos, orientaciones o guías jurídicas. Asimismo, elaborará informes jurídicos que se soliciten desde Bruselas, o directamente de justificación ante los organismos de control.
