Antonio Salas: ‘Es inaplazable una ley específica que prohíba los homenajes a etarras’
Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se jubiló hace ya casi un año, se cumplirá el próximo 3 de noviembre, y se incorporó como consultor externo al despacho SRF Abogados, de Murcia, integrado por su hija, Victoria Salas, su yerno, Ginés Riquelme, y un socio, Luis Ferrer. Este despacho está especializado en temas civiles y penales fundamentalmente.
Salas se jubiló con 67 años, 10 días antes de cumplir los 68. Podría haber seguido en activo hasta los 72, el máximo que permite la carrera judicial. «Voy a intentar que ellos obtengan rédito de 43 años de carrera judicial en la que, como te puedes figurar, he visto de todo», explicó cuando anunció su jubilación.
En esta entrevista nos cuenta cómo está viviendo esta nueva etapa y en qué consiste su trabajo en el bufete, que este mes celebra su primer aniversario. Además, analiza diversos temas de actualidad, entre ellos la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los homenajes a etarras, y comparte su visión de hacia dónde va España.
¿Cómo está viviendo esta etapa?
La vivo con ilusión en cuanto a que sigo vinculado al Derecho, estudiando y trabajando en aquello que ha ocupado toda mi vida profesional.
¿En qué consiste su trabajo en SRF Abogados?
En SRF Abogados procuro aportar mi experiencia de tantos años para ayudar a quienes están aún en los primeros años a ejercer la abogacía aportándoles la visión del juez y cómo hay que actuar ante el mismo por escrito y oralmente.
Procuro iniciarles especialmente en la práctica de la redacción de escritos de recursos de casación y de apelación, o la oposición a los mismos, en lo que colaboro con una orientación y revisión final del trabajo realizado.
De izquierda a derecha: Luis Ferrer, Antonio Salas, Victoria Salas, y Ginés Riquelme; sobre Victoria Salas, una escultura de ella realizada por su madre, Rosa González Barnés, de cuando tenía seis años, que Salas tuvo en su despacho en el Tribunal Supremo. Foto: Rosalina Moreno/Confilegal
¿En qué otros proyectos está inmerso? ¿participa en ponencias, congresos…?
Sigo haciendo algo en este aspecto, aprovechando sobre todo que en estos momentos aún se efectúan este tipo de actividades por vía telemática.
Viajar desde Murcia, donde ahora resido, es más difícil que hacerlo desde Madrid por razón de la facilidad en las comunicaciones, por lo que procuro no hacerlo.
Murcia sigue todavía sin AVE. ¿Un retraso injustificable?
Sí. Nos encontramos ante una situación de retraso injustificable. Se han dado plazos que nunca se han cumplido y cuando el Partido Popular se comprometió formalmente a la llegada del AVE en superficie, mientras se hacían las obras de soterramiento, el cambio de Gobierno en 2018 frustró la iniciativa pese a las muy cuantiosas inversiones que ya se habían hecho.
Otro retraso es el de la renovación del CGPJ, con un mandato caducado desde diciembre de 2018 ¿Qué opina de este bloqueo?
Es una situación lamentable que rompe con la legalidad constitucional y ordinaria; además de causar una crisis institucional de una gravedad sin precedentes, pues aunque esta situación ya se había dado con anterioridad, nunca ha llegado a los tres años de retraso que estamos a punto de cumplir.
¿Cuál sería, a su juicio, la solución para acabar con este problema?
El conflicto tendría que haber sido solucionado mediante la intervención de la presidencia del Congreso y del Senado exigiendo a los grupos parlamentarios que cumplan sus obligaciones al respecto.
Eso pasaría por abrir la posibilidad de votaciones individuales sobre cada uno de los candidatos que se propongan. Quien obtenga los 3/5 de mayoría requerida pasará a formar parte del futuro Consejo y quien no, quedará fuera. Nadie es imprescindible y hay muchas personas perfectamente capacitadas para formar parte del órgano.
Lo que no es admisible es que todo esto se gestione en un ámbito distinto al parlamentario y formando bloques de candidatos según el número de puestos que se atribuye cada formación política. Posteriormente, hay que volver al sistema de designación por los propios jueces de los doce vocales judiciales.
Rajoy pudo modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial teniendo mayoría absoluta. En su programa llevaba la elección por los jueces de 12 miembros, pero no lo hizo…
Resulta incomprensible y eso quedará siempre en el “debe” de ese Gobierno, que no impulsó la reforma prometida en la campaña electoral.
Anteriormente también ocurrió en la época de Aznar.
Se ha creado así una situación que abona la tesis de los que prefieren el sistema de total elección parlamentaria que, sinceramente, creo que no fue el querido por el legislador constitucional -que en tal caso habría dicho inexplicablemente quién elegía a ocho y no quién elegía a doce-, pues pese a ser indudablemente el más democrático presenta los problemas que se han revelado en la práctica: absoluta politización y elección por los partidos del presidente del Tribunal Supremo que, a su vez, preside también el Consejo.
«Los jueces no pueden ser elegidos por los jueces», según Bolaños, porque eso no es propio de una “democracia plena”. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones del ministro de Presidencia?
Creo que tales manifestaciones están hechas desde la falta de conocimiento sobre qué es y qué funciones tiene el Consejo.
Si se refiere a los “jueces” que se integran en el mismo, no es verdad ya que dejan de actuar como jueces en cuanto actúan como vocales. El Consejo General del Poder Judicial no ostenta el poder judicial, cuyo ejercicio corresponde sólo a los jueces y magistrados en su actuación en los tribunales de justicia.
Si se refería a la elección por el Consejo de los altos cargos judiciales, nadie mejor que los propios jueces conoce a quienes por su trayectoria profesional debe ocuparlos más allá de afinidades ideológicas.
Las cuatro asociaciones judiciales coinciden en que hay que cambiar el sistema. Solo difieren en los tiempos. JJpD considera que primero debe renovarse y después cambiarse. ¿Usted qué piensa que se debe hacer primero?
Yo creo que la renovación debe ser inmediata y, por tanto, mediante el sistema actual si no es posible la necesaria reforma en un plazo brevísimo. No se puede mantener durante más tiempo un Consejo privado de una de sus más genuinas e importantes funciones: el nombramiento de cargos judiciales.
Actualmente son ya numerosas las vacantes existentes en el Tribunal Supremo y el número se va incrementando, lo que afecta al buen funcionamiento del Tribunal y a las lógicas expectativas de quienes aspiren a ocuparlas.
Su marcha en el Tribunal Supremo dejó un puesto libre y su plaza todavía no ha sido cubierta. ¿Si hubiera sabido usted la imposibilidad de cubrir su plaza con la reforma legal que se produjo posteriormente, se hubiera planteado la jubilación anticipada o posponerla?
Seguramente sí, porque me habría comprometido frente al propio tribunal y a los propios compañeros respecto de dejar libre una plaza que no se podría cubrir.
¿Qué opina de que haya políticos con toga y puertas giratorias? ¿Ve bien el regreso a la carrera judicial de quienes abandonan la judicatura para dedicarse a la política?
El ejercicio de la función judicial implica una decisión firme y una dedicación plena y continuada a esa función, que sólo debe poder quedar interrumpida por el desempeño de otra función relacionada: vocal del Consejo, magistrado del Tribunal Constitucional, fiscal general del Estado y demás expresamente previstas en la ley.
La opción por la actividad política o por el ejercicio de la abogacía es muy respetable, pero, por muchas razones, debe implicar la dejación definitiva de la condición de juez, aunque sólo fuera por las dificultades e incompatibilidades que genera para volver posteriormente a la judicatura.
¿Qué medidas plantea usted para despolitizar la Justicia?
El problema de la politización está en el modo de elección parlamentaria de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial y, en la práctica, del presidente del Tribunal Supremo por acuerdo de los partidos políticos.
También en la posible alternancia en el ejercicio de funciones judiciales y actividad política sin solución de continuidad, pues la actividad política necesariamente vincula al juez con el partido político que lo promovió.
¿Y qué dice respecto a la Fiscalía General del Estado? El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que precisamente ha instado a España en su último informe a cambiar el sistema de elección del CGPJ, también lamenta que nuestro país no cambie el método de selección del fiscal general del Estado. «Empaña la percepción de la autonomía», advierte.
Evidentemente así es. Habría que reformar el sistema de designación del fiscal general del Estado para que en este caso lo fuese por mayoría cualificada en el Parlamento y no por designación del Gobierno.
¿Qué opina de la designación de la exministra de Justicia Dolores Dolores Delgado como fiscal general del Estado?
Fue un nombramiento absolutamente inesperado porque hacía presumir una estrecha dependencia de la nueva fiscal general respecto del Gobierno, con todos los respetos a la persona de Dolores Delgado y a su trayectoria y reconociéndole que está actuando de un modo muy discreto.
El Gobierno pretende cambiar las oposiciones para acceder a la Carrera Judicial en nuestro país por supuestas razones de «sexo y socioeconómicas” de los aspirantes, según consta en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué piensa de esto? ¿A qué achaca las argumentaciones del Ejecutivo?, ¿a ignorancia o a otros intereses?
Las razones de sexo carecen de sentido cuando son mujeres la mayor parte en las nuevas promociones de Judicatura. Las razones socioeconómicas deben ser solucionadas por la actuación del propio Gobierno promoviendo medidas para que nadie quede fuera de esta posibilidad por razones económicas. No creo que exista un problema general en este sentido y los casos particulares habría que resolverlos adecuadamente.
¿Usted ve bien el sistema actual?
El sistema de oposición tal como está configurado en la actualidad no es el más adecuado.
Para quien está cursando la carrera de Derecho y tiene vocación judicial hay que arbitrar por las propias universidades la fórmula, debidamente reglamentada, con el fin de que los interesados vayan adquiriendo la formación práctica necesaria para el ejercicio de la función judicial (asistencia a los tribunales, fiscalía, notarías, registros etc.).
Esa formación práctica es la que habrá que acreditar después el aspirante ante un tribunal de oposiciones mediante la resolución de casos prácticos y la defensa oral de la solución ante el mismo tribunal. Eso es lo más importante, más allá de la memorización de normas o doctrinas sobre las distintas instituciones jurídicas.
Podemos quiere crear un MIR judicial. ¿Qué le parece esta propuesta del partido socio de Gobierno?
Yo prefiero el sistema al que me acabo de referir que, por supuesto, es compatible con la realización de prácticas en los tribunales.
Entrega del título de juez a Antonio Salas Carceller por el entonces ministro de Justicia Landelino Lavilla, en octubre de 1977. Salas tenía 24 años.
Antonio Salas Carceller (1952, Murcia) ingresó en 2005 en la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se encarga de asuntos civiles y mercantiles. Tomó posesión el 16 de junio de 2005. Foto:Carlos Berbell/Confilegal
¿Se está intentando asaltar el Poder Judicial desde la política para ideologizarlo, como denuncian algunas personalidades del mundo de la Justicia?
Yo no llegaría a decir tanto, pero los partidos políticos tienden a fagocitarlo todo y lógicamente no se paran ante el poder judicial.
Asociaciones judiciales y fiscales han alzado la voz frente a los que critican a jueces y fiscales y han pedido que no usen la Justicia como arma política…
Esa es la verdadera función que justifica la existencia de las asociaciones: la defensa profesional como garantía, no ya de jueces y fiscales, sino de los propios ciudadanos.
Siempre he mantenido que la existencia de diversas asociaciones de jueces y de fiscales resulta perjudicial porque divide e incluso en algunos casos puede fomentar la politización.
La existencia de representantes elegidos en los territorios, que se reunieran en una asamblea interterritorial para tratar de los temas profesionales, en aras de un mejor desempeño de la función, sería, a mi juicio, lo más adecuado. Propiciar la existencia de diversas asociaciones persigue en el fondo restar fuerza al colectivo.
Sus destinos como juez fueron Valverde, en la isla canaria de El Hierro; el municipio granadino de Motril y Cieza (Murcia). Como magistrado, Vitoria, Palma de Mallorca y Murcia, donde estuvo desde 1984 a 2005, llegando a ser presidente de la Audiencia Provincial. Foto: Rosalina Moreno/Confilegal
Luis Ferrer, Victoria Salas, y Ginés Riquelme fundaron el despacho SRF Abogados, de Murcia hace ahora un año. Foto: Rosalina Moreno/Confilegal
El butefe se encuentra en la calle Doctor Tapia Sanz, 2, de Murcia, junto al centro comercial Centrofama, en pleno centro de Murcia. Foto: Rosalina Moreno/Confilegal
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ defendió en la apertura del año judicial la actuación y la independencia de los tribunales frente a los intereses políticos. ¿Lo vio bien? Hay quienes ven eso «cargar contra el Gobierno» y quien criticó a Lesmes por decirlo estando con el mandato caducado.
Cuando el presidente del CGPJ defiende la actuación y la independencia de los tribunales no hace más que cumplir con la función que constitucionalmente le está asignada, lo haga frente al Gobierno o frente a quien sea.
Creo que actuó correctamente y es absurdo pretender silenciar al presidente del Tribunal Supremo afirmando que tiene el mandato caducado. Más bien quienes lo tienen caducado son los vocales.
El presidente podría seguir presidiendo el Tribunal Supremo y, por ello, el Consejo cuando se produzca la renovación ya que puede ser reelegido. Pretender callarle es lo mismo que negar a los magistrados del Tribunal Constitucional, que han cumplido ya el período para el que fueron nombrados, que puedan seguir actuando como tales.
Por cierto, ¿qué opina de los indultos a los condenados por el ‘procés’?
Creo que el derecho de gracia, constitucionalmente establecido, debe ser revisado profundamente en su regulación para que no pueda convertirse, como ha sucedido, en un instrumento de acción política.
En el caso al que se refiere considero que no se daban ninguno de los requisitos que lógicamente han de concurrir para otorgar un indulto. No existía conciencia ni asunción de responsabilidad alguna por parte de los condenados y, por supuesto, tampoco arrepentimiento, sino más bien una absurda arrogancia.
La postura que adoptaron frente a las decisiones del Tribunal Constitucional es la muestra de una insurrección absolutamente inadmisible.
¿Qué piensa de que se utilice el BOE como instrumento político? El Gobierno incluyó en el preámbulo de la ley que derogó la cárcel para piquetes de huelga una crítica política al Ejecutivo de Rajoy.
Es lamentable y no tiene precedentes en nuestro actual sistema democrático.
¿Y qué opina de que en España se permitan los homenajes a terroristas, que suponen humillación a las víctimas? Recientemente, las víctimas han tenido que movilizarse contra el homenaje a Henri Parot.
Es lamentable e indignante. Resulta inaplazable una ley específica que directamente prohíba los homenajes a etarras, por la propia salud de nuestra democracia y por el respeto que merecen las víctimas directas y todo el pueblo español, que nunca podrá olvidar los años de sangre y terror que, especialmente ETA, nos hizo sufrir.
¿Qué piensa de que el Gobierno remitiera a la Audiencia Nacional la petición de prohibición de la marcha a favor de este etarra?
Es una forma de salvar la situación. Por eso, es imprescindible esta ley que prohíba este tipo de actos a fin de que nadie pueda autorizarlos directa o indirectamente sin incurrir en responsabilidad.
¿Las leyes vigentes son suficientes para impedir estos homenajes o no?
Entiendo que las leyes actuales podrían ser suficientes, pero ha quedado claro que no lo son, por lo que habrá que reformarlas.
¿A qué achaca que no haya voluntad política de quien gobierna para acabar con esto? Se dice que no los prohíben los tribunales. Tampoco prohibirían un homenaje a Franco, pero para eso sí se hace una ley específica.
Insisto en que debe haber una ley específica en este sentido. Quizás son razones políticas las que impiden que la haya. Se dice a veces que ETA ya dejó de matar. No es suficiente.
Hay quienes cuando no están de acuerdo con una sentencia, critican al juez, cuando lo único que es criticable es la sentencia, ¿no cree usted? ¿Había asistido a esto antes?
Está claro que las resoluciones judiciales son criticables, pero alegando su injusticia según la opinión que libremente puede expresarse, nunca su inoportunidad política.
Cuando se habla de ausencia de oportunidad se está defendiendo en realidad la desigualdad en la aplicación de la ley. Es cierto que existe una tendencia, sobre todo desde ciertos ámbitos -especialmente tertulias en televisión o radio- en que periodistas -no juristas- critican acerbamente a los jueces con argumentos absolutamente desviados cuando no les gustan sus resoluciones. Y también políticos.
Los padres acusados de violencia de género ya no podrán visitar a sus hijos menores. ¿Qué opina de esto?
Este es un tema muy difícil. Está claro que hemos asistido a hechos gravísimos protagonizados por padres contra sus hijos y contra la madre. Pero también lo han hecho las madres en algunos casos.
No se pueden dar normas generales y será el juez quien, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, deberá adoptar o no las medidas cautelares de prevención cuando el proceso está en curso, teniendo en cuenta la posibilidad y peligro de este tipo de actuaciones. Cuando hay sentencia, habrá que actuar según su contenido.
Cambiando de tema, ¿qué considera necesario para acabar con la ‘okupación’ ilegal de viviendas?
Tener también una normativa adecuada para este problema y aplicarla rápida y tajantemente.
Por cierto, hay una Iniciativa de Legislación Popular (ILP) en marcha para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica, muchos la están firmando. ¿Acaso puede tener personalidad jurídica?
Hay un error en la denominación. Nuestras normas no permiten atribuir personalidad jurídica a un bien, sea de naturaleza pública o privada. Podrá existir una asociación o una fundación cuyo cometido específico sea la defensa del Mar Menor, pero deberán estar detrás personas que la rijan y representen ejerciendo derechos y asumiendo obligaciones.
El Mar Menor, como tal, entiendo que no puede quedar obligado frente a nadie y eso es esencial para el concepto de personalidad jurídica.
Por último, ¿Hacia dónde va España?
Desde luego, no me gusta el rumbo actual. Se impone el desorden y la fuerza en las calles de nuestras ciudades, lo que impide el ejercicio de toda clase de libertades por quienes no se suman a esos métodos.
Por otra parte, no se da a la Policía la posibilidad real de combatir estas situaciones que tanto destrozo e inseguridad crean.
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