El Gobierno y el PP han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), según han informado ambas partes.
La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria en el Congreso y el Senado que se prevé para la semana del 25 de octubre.
El pacto se produce apenas 24 hora después de que en la sesión de control del Congreso el líder del PP, Pablo Casado, ofreciera al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez renovar los órganos constitucionales pendientes, al margen del CGPJ, que ha sido el principal escollo de las negociaciones estos meses.
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario General del Partido Popular, Teodoro García Egea, ya mantuvieron un primer encuentro en la tarde el miércoles y este jueves ambos han llegado a un acuerdo que permitirá renovar estos órganos.
El que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017.
En el caso del TC, el mandato de un tercio de sus miembros –los cuatro que corresponde elegir al Congreso– concluyó en noviembre de 2019.
Por su parte, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas terminaron en julio su mandato de nueve años y el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la presidencia de este órgano y su adjunto.
Fuentes del Gobierno y del PP han informado, según recoge Europa Press, de que la renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso como en el Senado.
Además, las mismas fuentes han subrayado que las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa «serán de reconocido prestigio y de consenso y se darán a conocer en los próximos días».
De este acuerdo que han cerrado Bolaño y García Egea queda fuera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva casi tres años caducado y que ha sido el epicentro de las negociaciones entre Gobierno y PP estos últimos meses.
En las últimas semanas, PP y PSOE se han culpado mutuamente de ser los responsables de bloquear la renovación del CGPJ.
Este órgano ha estado a punto de renovarse un par de veces, la última vez esa negociación saltó por los aires después de que los socialistas pusieran sobre la mesa los nombres de los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, algo que, según los ‘populares’, va en dirección contraria a la despolitización que se requiere.
Fuentes del PP ya subrayaron este miércoles a Europa Press que están dispuestos a negociar también el CGPJ siempre y cuando el Gobierno acepte sus condiciones para avanzar en la despolitización, de forma que se reforme la ley para cambiar el sistema de elección y que «los jueces elijan a los jueces».
