El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados suscribieron ayer el nuevo Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia.
Al mismo se adhirieron también el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores y la Secretaría de Gobierno del TSJA.
Con la firma de este convenio se actualiza el hasta ahora vigente, firmado en 2014 por la Abogacía y la Judicatura, permitiendo dar una respuesta concisa y
apropiada a los problemas, demandas y disfunciones que afectan hoy día al sistema judicial de forma uniforme en todo el territorio andaluz.
“Hay una sensación de que la justicia necesita ser cercana, humana y amable y que tiene que tener en cuenta ciertas circunstancias que van surgiendo hoy día en la sociedad, por lo que se trataba de incorporar a esos profesionales y actualizar los criterios de actuación”, explicó el presidente del TSJA, Lorenzo del Río.
Este convenio establece unas pautas generales sobre las relaciones entre los diferentes operadores jurídicos que redundará en un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.
“Con este código se consigue perfeccionar el que se firmó hace siete años y, entre los hitos más importantes que recoge el documento, el convenio permite conciliar la vida familiar con la laboral y que los abogados que tengan algún problema médico o de maternidad puedan solicitar a los jueces la suspensión de los procedimientos y de las vistas”, destacó el presidente del CADECA, Federico Fernández, quien estuvoi acompañado en el acto por el consejero y decano del Colegio de Abogados e Granada, Leandro Cabrera, así como el presidente de la procura andaluza, José Ramón Carrasco, y el secretario de Gobierno del TSJA, Pedro Jesús Campoy.
El nuevo protocolo incorpora una serie de criterios de conducta y comportamiento que orientarán las relaciones entre letrados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y jueces y magistrados de forma homogénea en toda la comunidad autónoma, con especial énfasis en aspectos relativos a la puntualidad de los señalamientos, la suspensión o aplazamiento de los mismos, las causas y plazos de suspensiones de juicios, el trato entre profesionales o la valoración de posibles circunstancias de conciliación personal, familiar y laboral.
