‘Universitaris per la Convivència’ reclama a los rectores catalanes que respeten las libertades públicas en los campus

La plataforma ‘Universitaris per la Convivència’, que aglutina a más de 200 profesores de todas las universidades catalanas, reclama a la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) que deje de pronunciarse políticamente en nombre de todos, que condene sin ambages la violencia contra estudiantes constitucionalistas en los campus y que respete el bilingüismo existente en la sociedad catalana.

Le hace este llamamiento a través de una carta abierta, difundida hoy.

Este colectivo de profesores críticos con la «instrumentalización de los campus por parte del separatimo», se gestó en septiembre de 2018. Sus promotores son dos profesores de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero y Chantal Moll, y una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Isabel Fernández.

El ‘leitmotiv’ de este proyecto era la defensa de la neutralidad política de los órganos de gobierno de las universidades, ahora también se ha posicionan de manera contundente contra las agresiones a estudiantes constitucionalistas y en defensa de la pluralidad lingüística en las aulas.

En la línea de las tres reivindicaciones citadas, ‘Universitaris per la Convivència’ expresa en esta misiva su «preocupación por el deterioro de las libertades públicas que se está produciendo en las universidades catalanas» y denuncia la responsabilidad de los rectores integrados en la ACUP «en ese deterioro, por acción y por omisión».

Según denuncia, «la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores y alumnos están siendo lesionadas una y otra vez por las declaraciones institucionales de contenido partidista emitidas por los órganos de gobierno y de representación de nuestras universidades, y por la propia ACUP».

Recuerda que «así lo han establecido los tribunales en reiteradas ocasiones: tres universidades catalanas -la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Abierta de Catalula- han sido ya condenadas en sede judicial en los dos últimos años por esta razón y otra más, la Univerdad Autónoma de Barcelona, lo fue por violar esos mismos derechos de un grupo de estudiantes constitucionalistas, al negarse injustificadamente a inscribir su asociación en el Directorio de colectivos».

Añade que en la misma línea se ha manifestado también el Defensor del Pueblo «en una resolución inequívoca» en defensa de la neutralidad política de los órganos de gobierno de las universidades, y centenares de docentes catalanes y del resto de España en cartas y manifiestos promovidos por el Foro de Profesores.

La plataforma ‘Universitaris per la Convivència’ destaca que las decisiones judiciales, las resoluciones del Defensor del Pueblo y las cartas de protesta «no hacen sino invocar un principio innegociable en cualquier democracia, el de la neutralidad ideológica de las instituciones públicas, cuyo respeto es tanto más perentorio si se trata de instituciones educativas».

«Si estas tienen una función política, es la de formar ciudadanos libres, críticos y participativos, conscientes de sus derechos y obligaciones, respetuosos con los derechos de los demás y sabedores de la pluralidad de creencias que es característica de una sociedad abierta», señala.

En cambio, recuerda que «no corresponde a la universidad promover una u otra ideología, ni adherirse a una u otra causa partidista«, y que por ello sus gestores y representantes no son elegidos por la que puedan tener, sino para defender intereses y acometer proyectos de carácter académico. «No deben hablar, políticamente, en nuestro nombre», remacha.

Por otra parte, a esta plataforma le sorprende que la ACUP «no muestre preocupación alguna por el hecho de que las universidades que la integran violen con tanta frecuencia libertades públicas tan fundamentales». Indica que en todo caso, incluso si la ACUP no estuviera de acuerdo con la motivación de las sentencias y requisitorias que «censuran el comportamiento de los rectores y de los claustros, un mínimo deber de lealtad democrática requiere que tales decisiones sean acatadas y que se obre en consecuencia y se abandone la práctica de apoyar institucionalmente las ideas de unos en detrimento de las de otros».

«Las universidades catalanas, y la propia ACUP, deben dejar de asumir como propias, y por tanto de todos nosotros, las posiciones ideológicas que solo son de algunos», reitera.

También denuncia que la libertad de reunión y la de manifestación se están viendo afectadas «por la pretensión de ciertos sectores del movimiento estudiantil de monopolizar el espacio público universitario, expulsando de él a todos los que piensan de otro modo». Apunta que esta pretensión, que «no es exagerado calificar de totalitaria», se puso una vez más de relieve en los sucesos que tuvieron lugar en la UAB el pasado 6 de octubre, «cuando un numeroso y violento grupo de estudiantes hostigó durante horas a otro grupo, mucho menos numeroso, de estudiantes integrados en ‘S’ha acabat’, «que pacíficamente trataba de dar a conocer sus ideas, hasta que, por fin, y por la fuerza bruta, destrozaron su carpa».

«La intención era clara: tratar de amedrentar y de acallar, una vez más (y ya van muchas), a los estudiantes de S’ha acabat», denuncia ‘Universitaris per la Convivència’, y advierte a la ciudadanía que «defender en público ideas democráticas básicas como el imperio de la ley o la igualdad ciudadanano es tarea fácil en los campus catalanes».

Esta plataforma indica que «los testimonios gráficos de aquellos tristes acontecimientos del 6 de octubre son incontestables y la ACUP no los puede ignorar», y denuncia que «aun así, ni los responsables de la UAB ni la propia ACUP, tan aficionada a los comunicados, han considerado necesario emitir uno de condena».

«Ni siquiera la imagen de un catedrático derribado y arrastrado por el suelo fue para ellos motivo suficiente para salir en defensa del ejercicio de las libertades públicas en el ámbito universitario», critica.

«Sea por miedo o sea por connivencia con quienes hacen del acoso verbal y la violencia física sus instrumentos de ‘participación’, el silencio de la ACUP ante un atentado tan flagrante contra la libertad es inaceptable, por cobarde y por cómplice», sentencia.

Además, hace hincapié en que la libertad lingüística, o el derecho de todos a expresarse y comunicarse con los demás en cualquiera de nuestras lenguas, «también está hoy amenazada». Señala que durante décadas, alumnos y profesores se han expresado con plena libertad en las aulas en castellano y en catalán, y que «nadie podrá acreditar quejas razonables y significativas al respecto, porque no las ha habido». Sin embargo, según explica, «ahora resulta que se quiere crear un problema donde no lo había», y en el nombre de los principios de «transparencia» y «seguridad» lingüística, «se fomenta la delación y la investigación, en definitiva, la intimidación de quienes se atreven a usar en clase, siquiera sea puntualmente y en atención a sus alumnos, una lengua distinta de la anunciada».

Añade que cabe la posibilidad, igualmente excepcional, de que la docencia anunciada en catalán se asigne a última hora a un profesor que no lo domina, pero indica que hacer una regla de la excepción no es una buena manera de describir la realidad, y que «en este caso, esa descripción falsa aspira a servir como coartada de una política lingüística cuyo resultado no puede ser otro que el de dañar la convivencia».

Esta plataforma se ve en la obligación de recordar que las normas estatales y autonómicas dan a los estudiantes y profesores universitarios el derecho a expresarse en la lengua oficial de su elección; que en Cataluña la gran mayoría de los estudiantes y profesores universitarios se maneja con soltura en ambas lenguas y cambia con toda facilidad de una a otra; y que nadie tiene el derecho de exigir a los otros que se expresen en una u otra lengua.

A ello añade que la lengua mayoritaria de los catalanes es el castellano, y que la lengua catalana es «no solo plenamente respetada y normalmente usada en la universidad, sino claramente dominante en su comunicación institucional».

A pesar de todo esto, informa que la ACUP pretenden «dar la impresión de que esos principios de transparencia y seguridad lingüística están en peligro». «Esta fábula no cabe desligarla de uno de los acuerdos a que han llegado en su ‘Compromís contra la crisi educativa’, el de alcanzar un 80% de docencia en catalán en nuestras universidades», añade.

Para esta plataforma, el objetivo de alcanzar ese 80% de docencia en catalán, «aparte de haber sido acordado a iniciativa de ‘Moviment Estudiantil’, que no se sabe muy bien a quién representa, y de ser de muy difícil consecución, por carecer la ACUP de los instrumentos normativos para ello, sería gravemente lesivo para nuestras universidades, porque las aislaría de las del resto de España y del mundo».

«¿Es eso lo que pretenden?, ¿es esa intención la que les guía o es, más bien, el miedo al poder político o la connivencia con su proyecto de construcción nacional?», les plantea. «Un proyecto que, en lo que atañe a la universidad, es contrario a su ecumenismo laico y racional, a su vocación superadora de particularismos y prejuicios», añade ‘Universitaris per la Convivència’.

Expone que algunas de las universidades catalanas figuran entre las más valoradas internacionalmente de entre todas las españolas, pero que esa valoración tan positiva «depende de que seamos capaces de mantener su carácter abierto y plural, del que también han de participar nuestros usos lingüísticos».

Denuncia que en Cataluña, el poder aspira al atropello de «convertir a la entera universidad catalana en un eslabón más de la cadena con la que pueda someter a toda la sociedad a la causa del nacionalcatalanismo», y que el precio ya lo estamos viendo: «El de sacrificar las libertades públicas de los que discrepan de esa causa».

«Ustedes, los rectores de las universidades públicas catalanas, todavía están a tiempo de decidir si van a ser protagonistas de este empeño liberticida o si, de acuerdo con la dignidad de su cargo, van a enfrentarse a él, defendiendo los valores que han hecho de la universidad una institución esencial para cualquier comunidad democrática. Todavía están a tiempo de asumir su responsabilidad en defensa de la libertad de todos, y no solo de la de algunos», manifiesta esta plataforma.