La Asociación Ecologista Arco Iris ha denunciado al Grupo Naturgy por la tala «indiscriminada» de más de 100 árboles, muchos de ellos centenarios, en el municipio de As Pontes (A Coruña).
La entidad, presidida por Francisco Lueiro García, ha presentado un escrito, con fecha de este viernes, ante la Fiscalía de Medio Ambiente para que se incoen diligencias de investigación. Los hechos fueron denunciados durante los primeros días de noviembre por una vecina de Campo Verde al ver que estaban talando árboles en una finca que pertenece a su familia.
La asociación afirma en su escrito, al que ha tenido acceso Confilegal, que «poco importa para Naturgy que la zona donde se encontraba la masa árborea este catalogada como Espacio Rural de Protección por parte de la entidad local».
«El talado de carballos y castaños centenarios entre otras especie es una vulneración de la legalidad vigente en materia forestal, que ordena aparte de las autorizaciones pertinentes que una actuación de estas características es necesario ‘un proyecto técnico y un plan de reforestación que reponga todos los ejemplares de especies autóctonas afectadas'», explica la entidad.
La asociación manifiesta que «lejos de pedir un resarcimiento patrimonial derivado del artículo 263 del Código Penal -que tendrá que ser abonada a la propietaria perjudicada- se peticiona un esclarecimiento de unos hechos que no hay ninguna duda de calificarlos en un delito contra el medio ambiente«.
Y ello, agrega, porque «con la tala de árboles centenarios protegidos por la legislación se ha atacado y destruido un ecosistema y una pérdida irreversible en la biodiversidad del lugar; también se ha producido la destrucción del suelo debido a la erosión, la pérdida del hábitat de la vida silvestre, así como la alteración del ciclo del agua y de los recursos hídricos».
A juicio de la asociación, se ha producido la consumación de un delito contenido en los artículos 325, 328 y 332 del Código Penal que castiga los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.
Subraya que «en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14-1-2016 (caso Prestige) se reconoce la categoría autónoma de los daños medioambientales derivados de un delito contra el medio ambiente y los recurso naturales, por lo que, de conformidad con lo establecido por el Alto Tribunal, sus directrices se tendrán que tener en cuenta cuando se cometen delitos ecológicos».
Por todo ello, solicita a la Fiscalía Provincial de A Coruña, dependiente de la Fiscalía de Medio Ambiente, que «tome de manera urgente las diligencias de investigación sobre el hechos denunciados, al ser una práctica presuntamente criminal realizada de manera reiterativa y habitual; con graves consecuencias para el medio ambiente y la biodiversidad».
Asimismo, pide que «se tomen también, de manera urgente y preventiva, para que los hechos denunciados no vuelvan acontecer» y que se recabe la información pertinente de los organismos públicos encargados del control e inspección de conformidad a la legalidad vigente, concretamente el Concello de As Pontes, la Policía Local de As Pontes, el Seprona, y la Delegación provincial de la Conselleria de Agricultura de la Xunta de Galicia.
Por su parte, fuentes de Naturgy han indicado a Europa Press que este tipo de tareas se enmarcan en las labores habituales y normales de mantenimiento de las líneas de distribución eléctricas, «trabajos necesarios para el óptimo funcionamiento de la red de distribución, así como para la prevención y defensa contra los incendios forestales». Asimismo, defienden que UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, realiza las operaciones de gestión de biomasa en cumplimiento de la Ley 12/2012 de montes de Galicia.
