El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) la causa que se sigue contra el exministro de Sanidad Salvador Illa por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores en el reparto de mascarillas no homologadas entre el personal sanitario durante la primera etapa de la pandemia.
El magistrado Carlos Valle ha remitido al alto tribunal catalán la querella que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó ante el Tribunal Supremo en abril de 2020 contra Illa y demás responsables de su Departamento por la distribución en centros hospitalarios de mascarillas del tipo FPP2 que resultaron ser defectuosas, por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores.
La querella fue asignada a este juez por turno de reparto, y se inhibe porque no tiene competencias para investigar a Illa por su condición de aforado, al ser diputado del Parlamento de Cataluña.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que preside Tomas Toranzo Cepeda, acordó presentar esta querella por lo que considera una «actuación negligente» por parte del Ministerio de Sanidad, «poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades».
«No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de Covid-19, y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto», manifestó la CESM en abril de 2020.
La Fiscalía del Tribunal Supremo se pronunció en septiembre del año pasado sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. En el caso de esta aseguró que procedía la inadmisión a trámite porque estimaba que los hechos relatados no eran constitutivos de un ilícito penal.
La Fiscalía consideró que la responsabilidad criminal que se le atribuye al exministro es «difusa y genérica» y no se hace por su concreta intervención en unos hechos delimitados, sino por el cargo que ocupaba al momento de desatarse la crisis sanitaria.
