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Altodo convoca una marcha para el 3 de diciembre en Madrid en apoyo a Francisco Javier Lara
"Hoy ha sido Francisco Javier Lara, mañana podemos ser cualquiera de nosotros", destaca esta asociación. En la imagen, Isidro Moreno, portavoz de Altodo, y el presidente, José Manuel Mayllo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal

Altodo convoca una marcha para el 3 de diciembre en Madrid en apoyo a Francisco Javier Lara

Bajo el lema 'Por la dignidad de la Abogacía'
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25/11/2021 11:55
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Actualizado: 25/11/2021 12:05
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«Por la dignidad de la Abogacía», la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha convocado para el próximo 3 de diciembre una marcha en Madrid en apoyo al decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara Peláez ante el auto de continuación de procedimiento abreviado abierto contra él por supuesta desobediencia al decidir suspender en mayo de 2020 la asistencia presencial de los letrados de guardia por la falta de medidas de seguridad.

Francisco Javier Lara, exdecano del Colegio de Abogados de Málaga (ICA Málaga) se opuso a que en plena pandemia los abogados del turno de oficio bajaran a los calabozos y abogó porque los detenidos fueran asistidos por videoconferencia o teléfono, como se hizo en otras partes de España. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

«Hoy ha sido Francisco Javier Lara, mañana podemos ser cualquiera de nosotros», señala Altodo en la convocatoria de la movilización, que arrancará a las 12.00 frente a la sede del Consejo de la Abogacía Española (CGAE), en el Paseo de Recoletos, y partirá hacia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la calle Marqués de la Enseñada, número 8.

«Por un turno de oficio digno», concluye el comunicado esta asociación que fue la primera organización que dio un paso al frente en apoyo al decano emérito. La Abogacía también lo ha hecho.

Altodo confía en que el recurso interpuesto por el exdecano Francisco Javier Lara contra el auto de continuación de procedimiento abreviado «conduzca al archivo de la causa».

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Como ha informado Confilegal, un año y un mes después de que el exdecano fuera citado a declarar como investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, Juan Carlos Velasco Báez, el juez cerró a principios de este mes la fase de instrucción y abrió de procedimiento abreviado, dejando en el tejado del fiscal la posibilidad de acusar a Lara por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad judicial, a consecuencia de una decisión en su día adoptada por la Junta de Gobierno del ICA Málaga que él encabezaba.

Esta consistió en suspender la asistencia presencial de los letrados de oficio en los servicios de guardia durante el primer estado de alarma hasta que los Juzgados y centros de detención garantizaran que habían adoptado las medidas de seguridad adecuadas y legalmente acordadas a fin de preservar el derecho a la salud de los letrados. 

Altodo recuerda que la decisión del Colegio de Abogados, «se levantó tan pronto los órganos judiciales y centros policiales de detención comenzaron a adoptar las más elementales medidas de seguridad requeridas por las autoridades sanitarias, sin que en ningún momento se perjudicara a justiciable alguno, ya que en todo momento se ofreció, y se garantizó, la asistencia por medios telemáticos, que era precisamente la fórmula recomendada por las autoridades sanitarias y establecida en la normativa entonces vigente».

«Todo nuestro apoyo al compañero Lara, todo nuestro respeto, afecto y reconocimiento y toda nuestra gratitud hacia quien ha preferido arriesgar su futuro profesional y personal para no arriesgar innecesaria y caprichosamente la salud y la vida de sus compañeros», expresa Altodo, que considera que «en la gravisima situación pandémica en la que entonces nos encontrábamos, el derecho a la salud, y la obediencia a las autoridades sanitarias prevalecía frente a la obstinación judicial, máxime si la orden o instrucción cursada vulneraba de forma flagrante la normativa vigente, en concreto, la normativa Covid, al no garantizarse las medidas de seguridad y sanitarias por parte de algunos Juzgados y centros de detención». 

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«No se incurrió, por tanto, en ‘desobediencia’ ni en arbitrariedad alguna, sino más bien en ‘obediencia debida’ a la normativa vigente», sostiene Altodo, como ya manifestó en su día en anteriores comunicados.

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