La Consejería de Justicia de la Generalitat pondrá en marcha en 2022 una prueba piloto con brazaletes dotados de GPS para hacer el seguimiento de las personas que cumplan condena por delitos sexuales de alto riesgo cuando obtengan los permisos penitenciarios.
Lo explicó ayer la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, en declaraciones a TV3. El objetivo del proyecto es asegurar que las personas no reincidan.
Los brazaletes detectarán a dónde va la persona y, si se acerca a la víctima o a sitios que tiene prohibidos, se alertará a los Mossos d’Esquadra: «Lo que haremos será detectar este eventual riesgo para poder volverlo a ingresar», explicó Ciuró.
La Consejería de Justicia tuvo que indemnizar con 500.000 años el pasado año a una mujer a la que el llamado «violador de Martorell» agredió sexualmente e intentó matar en octubre de 2016, cuando disfrutaba de un permiso de salida que le concedió la cárcel donde cumplía condena por hechos similares.
En 2019 se dio otro caso de otro agresor sexual, que cumplía condena por un delito de violación y dos en grado de tentativa, que supuestamente violó a una chica de 17 años en Barcelona.
El ejemplo por antonomasia fue la violación y el asesinato de dos policías en prácticas por parte de Pedro Jiménez, un recluso que cumplía condena por violación y que había conseguido tres días de permiso tras participar en un programa para presos condenados por delitos sexuales. Fue en 2004.
