El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado una batería de medidas contra el adoctrinamiento y en defensa de la
libertad educativa, que incluye la creación de un cuerpo de Alta Inspección Educativa «para garantizar el fin de la segregación lingüística», y una ley de Lenguas que «blinde, tutele y defienda la libertad de elección y de acceso a la función pública, sin que el idioma sea un requisito».
También desplegará un conjunto de acciones en la Unión Europea que garantice los derechos de la familia del niño de Canet de Mar (Barcelona) que solicitó, como tantas otras familias catalanas, la educación bilingüe en castellano y en catalán, y ha sufrido amenazas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligara al centro a impartir el 25% del horario escolar en castellano.
La iniciativa incorpora una pregunta escrita a la Comisión Europea para que se garanticen los derechos de la familia de Canet, llevará el caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y acudirá al Consejo de Europa para «tutelar el cumplimiento de sentencias judiciales con las libertades de un menor y su familia».
Casado hizo este anuncio ayer, tras reunirse en Barcelona con las asociaciones en defensa del bilingüismo Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña, Sociedad Civil Catalana, S’ha Acabat, Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivencia, Convivència Cívica Catalana, el sindicato ‘Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari’ (AMES) y Ampas Paralel. Un encuentro al que asistió también el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.
Además, el PP ha registrado en el Congreso una declaración institucional de condena de lo que está haciendo la Generalitat y en apoyo a la familia de Canet, y ha instado al PSOE a apoyarla para su aprobación.
Casado ha alertado de que el Gobierno autonómico catalán «está cometiendo un delito de desacato a una sentencia judicial y, si persiste en su actitud, también incurrirá en desobediencia y prevaricación». Ha avisado a la Generalitat de que «si persiste en su actitud y el Gobierno no hace nada, el PP acudirá a los tribunales para recabar la tutela judicial efectiva».
El líder del PP ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si la Generalitat incumple la sentencia sobre el castellano, inicie el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución en el ámbito educativo.
«No es una cuestión de quitar ninguna competencia sino de exigir que se cumpla», ha apostillado, para aconsejar a Sánchez que imite a Felipe González en 1989 con la autonomía de Canarias incoando un «requerimiento del cumplimiento de la Constitución» si Pere Aragonés continúa sin cumplir la sentencia.
Casado se pregunta «hasta dónde ha llegado el veneno nacionalista para señalar a un pobre niño de 5 años» y defender que se le «aisle». También denuncia que se haya «boicoteado» el negocio de la familia y se haya solicitado el «apedreamiento de su casa». «Esto ya llega demasiado lejos», subraya.
Ha explicado que ha viajado a Barcelona a verse con esas asociaciones para defender «los derechos civiles» y las «libertades fundamentales de muchas familias» porque, a su entender, no es una causa solo lingüística y educativa, sino de «defensa del sistema democrático y de la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, como consagra la Constitución».
El presidente del PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «dejar desamparada a la familia de Canet» y no dar la «batalla» porque quiere poder seguir en la Palacio de la Moncloa con los votos de los independentistas que prometió «no utilizar». «Es absolutamente infame», sentencia.
Afirma que con el niño de Canet se está produciendo «un auténtico apartheid lingüístico» y que el independentismo está «utilizando la lengua como un instrumento de ingeniería social». «Están utilizando la lengua para etiquetar y separar a los ciudadanos en ciudadanos de primera y de segunda», denuncia.
