El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no proponer ante el Consejo de Ministros su ascenso a general de Brigada.
Este nuevo frente judicial –por la vía de lo Contencioso-Administrativo– del alto mando de la Guardia Civil que estuvo al frente de la coordinación del dispositivo del 1-O de 2017 en Cataluña, se produce ante la negativa de Interior a contar con él para ser ascendido a pesar de su escalafón en la Benemérita, tal como ha avanzado El Mundo.
Cabe recordar que Pérez de los Cobos fue cesado como jefe de la Comandancia de Madrid por orden del ministro del Interior en mayo de 2020 cuando sus subordinados investigaban la posible relación de la manifestación del 8-M con el inicio de contagios por coronavirus.
Ya en mayo de 2021 el titular de Interior defendió en una entrevista la decisión de no aprobar el ascenso a general de Pérez de los Cobos, pese a quedar en el puesto número uno de los candidatos que solicitaron la promoción.
«Los ascensos los decide el Gobierno», comentó entonces Marlaska, que recordaba que estos se estudian según la propuesta de los ministros del Interior y de Defensa. Según él, que se negara la posibilidad de promocionar a general a Pérez de los Cobos «no es una excepción ni nada extraordinario» sino algo que ocurre habitualmente y por lo tanto existen precedentes.
DOS RECURSOS EN EL SUPREMO
Este nuevo recurso se suma al de casación que presentó en octubre ante el TS contra la decisión de la Audiencia Nacional de declarar legal esa orden que le apartaba de sus funciones
En esa ocasión, Pérez de los Cobos recurrió su cese por arbitrario, delictivo y discriminatorio, e incidía en que la Audiencia Nacional se apartó de la jurisprudencia que existe sobre la necesidad de motivar ceses de funcionarios públicos en puestos de libre designación.
Fue en septiembre cuando los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideraron justificado el argumento esgrimido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió a la pérdida de confianza para acometer la salida del coronel. Señalaron que «habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino».
PÉRDIDA DE CONFIANZA
Así, no veían lógico mantener al interesado en el mismo puesto «imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva». «Es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino», añadían.
Para la sala, esa pérdida de confianza llegó, como recuerda la sentencia, por la «no información» del «desarrollo» –y no del contenido– de «investigaciones y actuaciones» llevadas a cabo por la Guardia Civil. Todo ello, apuntaba, en el amplio y, a veces, confuso «marco operativo y de Policía Judicial».
«En el presente caso», señalaron los magistrados, «no se discute la idoneidad del cesado, es decir, su capacidad profesional para ostentar dicho cargo, sino la pérdida de confianza, en la que las razones subjetivas de la autoridad que lo designó están amparadas por la decisión libre de cesarle».
«DESVIACIÓN DE PODER»
En concreto, el cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos días de declararse el estado de alarma por la COVID-19, dando paso a las críticas de los partidos de la oposición al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referéndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
La sala estimó de esta forma el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, que alegó en representación del Ministerio del Interior que el cese de Pérez de los Cobos no supuso «desviación de poder» al deberse a una pérdida de confianza. Además, sostenía que con su decisión la Audiencia Nacional «eliminaba» la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial, de acuerdo al «juicio de confianza» que establezca la cadena de mando.
En este sentido, la sentencia recoge que «no se advierte en el supuesto de autos desviación de poder» al «constatarse en la propia sentencia de instancia una justificación suficiente del cese en los términos señalados».
